Esta misma semana, el vocal del Consejo Directivo del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) -órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas (CGE)-, Jesús Quintas, tildó el fraude fiscal de "enfermedad congénita e incurable", y advirtió de que "por mucho que queramos siempre habrá fraude fiscal, por lo que habrá que procurar que sea el menos posible. Hay que asumir que es como el pecado original".
Ayer, los técnicos de Hacienda volvieron a reclamar más recursos para investigar con mayor efectividad a grandes patrimonios y no tanto a pymes y autónomos, que es donde la Agencia Tributaria centra actualmente sus principales esfuerzos -hasta en un 75% de sus actuaciones son a declaraciones de la renta-, con una recaudación media de apenas 1.000 euros. Lo ha hecho de nuevo el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, durante una jornada organizada por Sumar sobre fiscalidad, en la que advirtió que el actual modelo de lucha contra el fraude de la AEAT "está agotado" porque se centra básicamente en "controlar discrepancias en rendimientos de trabajo de autónomos y pequeñas empresas", mientras que es "en la gran empresa y al gran fraude, que es donde radican las grandes fortunas en grandes empresas, pues es mucho menor".
Por eso, Cruzado ha incidido en que "la lupa debe centrarse hacia donde están las grandes bolsas de fraude" y aplicar con el máximo rigor la Ley aprobada en el año 2021 para la prevención del fraude, que buscaba impulsar la investigación de los grandes patrimonios en sus relaciones societarias y familiares. También obligaba obligaba al Ejecutivo a diseñar un plan y una metodología para llegar a poder contar con los medios suficientes y efectivos equiparables a la media de la unión europea. "Apenas nada se ha hecho sobre ello y España continúa con la mitad de medios que nuestros homólogos europeos en función de las personas dedicadas a la lucha contra el fraude fiscal", apuntó Cruzado, según recoge Europa Press.
Por tanto, tres años después de aquella ley, la realidad es que "fallan los recursos porque la norma no establece la necesidad de dotar de mayores recursos a la Agencia Tributaria". Según sus datos, las denuncias por delitos fiscales, establecidas a partir de los 120.000 euros, han pasado de más de 1.000 en 2011 a menos de 200 el año pasado, que Cruzado ha achacado ala "deshabilitación que sufrimos los técnicos de Hacienda para continuar con los expedientes en los que se observaba un delito fiscal".
El presidente de los técnicos fue más allá y denunció abiertamente que es el propio Gobierno el que está incumpliendo el compromiso de designar a expertos independientes para elaborar periódicamente un informe sobre economía sumergida y de fraude fiscal desagregado por regiones. "Esto no se ha hecho y no parece que haya intención de cumplirse por las declaraciones que los distintos a directores de la agencia tributaria hacen cuando comparecen en el Congreso".
De ahí podría venir que España se sitúe por debajo de la media comunitaria en cuanto a fraude fiscal, tanto en número como en volumen. Así, el número de casos enviados por delito fiscal se ha ido reduciendo en los últimos años en España. Para los técnicos de Hacienda esa es una verdad a medias, porque la razón es que no se tienen los medios para atajar lo que denominan el "gran fraude", que dispararía la cifra de las investigaciones y recaudación exponencialmente.
