La ronda de entrevistas con los candidatos para la Junta Nacional de Justicia (JNJ) estuvo opacada ayer por las restricciones impuestas en términos de transparencia. La comisión especial, que preside el defensor de turno Josué Gutiérrez, impidió el ingreso a la sala de un representante de la Misión Internacional de Observación (MIO) y de la prensa. También bloquearon el acceso a la parlamentaria Ruth Luque. Solo se limitaron a transmitir la sesión por Youtube.
Al promediar las siete de la mañana, se apersonó a la Defensoría, en el cercado de Lima, el diplomático norteamericano Stephen McFarland, quien había llegado a Lima para cumplir acciones de vigilancia ciudadana, como integrante de la Misión Internacional de Observación (MIO). Sin embargo, en la entidad le informaron que no se le permitiría el acceso.
“Teníamos la esperanza de asistir en persona a las entrevistas, que es una buena práctica que se realiza en otros países (como) Estados Unidos o Guatemala. Lamentablemente nos informaron que iba a ser solamente (transmitido) por televisión”, comentó el diplomático, en diálogo con Epicentro TV.
“Si bien la televisión permite que uno escuche y vea las preguntas y respuestas, uno siempre capta más cuando está en persona”, explicó.
La entidad defensorial también evitó el ingreso de la prensa, situación que impidió una cobertura más detallada de los incidentes de esta etapa clave. El mensaje institucional fue que solo se optaría por la transmisión virtual de la sesión.
Ante la sede defensorial también se apersonó la abogada Cruz Silva, especialista en temas de selección de magistrados y abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL). Sin embargo, a ella tampoco le permitieron el ingreso, a pesar del trámite anticipado de un correo de acreditación formal.
Este hecho motivó a la abogada a tramitar una queja formal, por la falta de transparencia activa, tal como establece uno de los principios de las bases del presente concurso. Silva denunció una serie de ambigüedades y contradicciones en las respuestas que ofrecía el personal de la Defensoría para impedir su ingreso.
Sobre la marcha también se apersonó a la entidad la parlamentaria Ruth Luque, quien, en el ejercicio de su potestad fiscalizadora, solicitó acceder a la sala donde se realizaban las entrevistas.
Sin embargo, Josué Gutiérrez improvisó pretextos para evitar su acceso. “Esto indudablemente puede contaminar (por) un tema de tráfico de influencias (o) un tema de presión política”, comentó. Los demás miembros de la comisión especial respaldaron esta decisión, sin una mínima deliberación.
Además del defensor, forman parte de este grupo especial trabajo los titulares del Tribunal Constitucional (Luz Pacheco), la Contraloría (César Aguilar), el Poder Judicial (Javier Arévalo), el Ministerio Público (Juan Villena), además de los rectores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Jerí Ramón) y de la Universidad Ricardo Palma (Segundo Romero). Todos ellos validaron los criterios de poca transparencia en esta etapa de las entrevistas.
Un denominador común en toda la ronda de preguntas fue el tema de la edad para el ejercicio de la función como magistrados de la JNJ. El defensor y los miembros de la comisión especial se alinearon con la postura del Congreso, a efectos de forzar el cese de una persona cuando ha cumplido los 75 años.
Los candidatos fueron preguntados sobre la interpretación que le dan al artículo 156 de la Constitución sobre la edad para ejercer la función de magistrado de la JNJ y todos, como para congraciarse con la comisión, respondieron que a los 75 años ya deben ser cesados. (Distinto al criterio actual de la JNJ, en el sentido de que el límite de los 75 años es para el acceso).
Los postulantes también fueron preguntados si estarían dispuestos a asumir de manera obligatoria el cargo, en caso de ser elegidos suplentes y ser convocados más adelante. Nuevamente, como para quedar bien con los evaluadores, todos respondieron en forma afirmativa.
La comisión ahora tiene plazo hasta el 27 de octubre para dar a conocer los resultados.
Francisco Távara y María Cabrera fueron los primeros en ser entrevistados y disfrutaron de un mejor tiempo para las preguntas y respuestas. Ambos lograron inscribirse gracias a la ampliación del plazo que decidió la comisión con justificaciones técnicas que no fueron documentadas con claridad, según las copias remitidas a nuestra redacción.
También se mantiene en carrera Roque Bravo Basaldúa, quien en la comisión presidida por Jorge Montoya para “investigar” el falso fraude inventado por la derecha. Antes trabajó con Rosa Bartra, en la comisión Lava Jato que blindó a Keiko Fujimori y Alan García.
