La estabilidad macroeconómica es un reto permanente e implica contar con una sólida política fiscal. A veces, parece que avanzamos y luego vemos que no es tanto, según las cifras fiscales. Debemos remediar esta situación de una vez por todas o nunca resolveremos los grandes retos en salud, educación, seguridad, etc.
Una manera de aumentar los ingresos fiscales es promoviendo el crecimiento de la economía, pero el país apuesta por la atracción de inversión extranjera directa y los encadenamientos productivos con empresas locales en lugar del crecimiento de las empresas del régimen definitivo.
Cuando he escrito sobre este tema o he participado en foros, en ocasiones obtengo la misma respuesta: no es posible promover la innovación porque no hay dinero. ¿Cómo enfrentar entonces el desafío de incentivar la innovación en momentos de restricción fiscal?
Obviamente, requiere mucho más que adquirir las habilidades exigidas por las empresas; demanda también mejorar el marco regulatorio, aumentar las capacidades para generar conocimiento productivo y proporcionar infraestructura tecnológica (servicios metrológicos y calibración, por ejemplo). Son bienes públicos básicos que no se pueden esperar que sean proporcionados por el mercado. A medida que el país se desarrolla y su estructura productiva se va haciendo más compleja, la propensión de las empresas extranjeras a transferir tecnología será menos favorable y tenderán a proteger más su propiedad intelectual. El vacío que en algún momento van a dejar deberá ser cubierto localmente.
En el caso de Costa Rica, varios estudios documentan serias limitaciones para impulsar las capacidades domésticas de innovación, lo cual impide una transformación productiva en el régimen definitivo hacia bienes y servicios de mayor valor agregado.
Indicadores recientes muestran un retroceso significativo en la dinámica del sistema nacional de innovación, tanto en comparación con América Latina y el Caribe (ALC) como con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Algunos son la caída en la inversión nacional en investigación y desarrollo (I+D) y, por tanto, una brecha en relación con el promedio de ALC y de la OCDE; la caída en la dotación de investigadores por habitante; la reducción del coeficiente de invención (Costa Rica produce menos conocimiento productivo que antes); la caída en la atracción de inversión extranjera directa (IED) con respecto al PIB; y la baja en las exportaciones de alta tecnología.
En los únicos tres indicadores en los que ha habido avances son la reducción en los costos para empezar una empresa (bajaron un 20 %), la disminución en el número de procedimientos para empezar una empresa (bajaron un 16 %) y el aumento en un 74 % del número de publicaciones científicas y tecnológicas por habitante. Sin embargo, las brechas con respecto a los países de la OCDE son significativas.
Para aumentar la innovación, deben intervenirse tres aspectos del gobierno: lo estratégico, lo político y la ejecución.
En el campo estratégico, es vital buscar mecanismos para la coordinación interinstitucional, algo en lo que se habría avanzado si se hubiera aprobado, como lo sugería la OCDE, la Ley del Consejo Nacional de Productividad y Competitividad. Además, es necesario mejorar la rectoría de las políticas en ciencia, tecnología e innovación (CTI) y fortalecer las capacidades del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para planificar, diseñar, coordinar, monitorear y evaluar las políticas de CTI.
Sobre la base de una estrategia a largo plazo, el Micitt debería elaborar la política nacional de CTI, el plan nacional de CTI a corto plazo (4 años), el presupuesto nacional de CTI alineado con el plan nacional de CTI, los indicadores de resultados asociados a cada línea presupuestaria, los convenios para la transferencia de recursos a los niveles respectivos de ejecución, el monitoreo de la ejecución presupuestaria y la evaluación del impacto de las intervenciones.
En materia presupuestaria, esto implica que, si bien la última palabra la tiene el Ministerio de Hacienda, este debería negociar el presupuesto nacional de CTI solamente con el Micitt, que a su vez debería coordinar el plan de gastos y las prioridades con los otros ministerios.
En políticas, la idea es la identificación y el diseño en cuatro ejes prioritarios: atraer I+D de clase mundial, empujar a las pymes para que salten la valla de la productividad, dinamizar el ecosistema de emprendimiento innovador y tecnológico, y promover políticas de innovación enfocadas en la demanda.
Así, la atracción de IED con énfasis en I+D facilitará no solo la creación de nuevos productos y servicios, sino también una mayor capacidad doméstica para la absorción de conocimientos e innovaciones desarrolladas en otras partes del mundo. Para ello, sería conveniente revisar el sistema de incentivos para hacerlo más consistente con las necesidades de las empresas intensivas en I+D.
En el segundo eje, hay que impulsar fuertemente el desarrollo de clústeres y mejorar la capacidad de absorción de potenciales proveedores locales.
En el tercer eje se recomienda fortalecer la red de incubadoras y aceleradoras, y en el último eje, definir políticas de innovación enfocadas en la demanda.
Costa Rica ha seguido tradicionalmente políticas de CTI centradas en la oferta y el beneficiario es un investigador que produce conocimiento, o bien una empresa dedicada a la invención. Pocos resultados se observan a partir de este enfoque.
Para aumentar la efectividad de la política de CTI, se necesitan políticas de demanda, donde el foco es el usuario de la innovación y su impacto en las actividades productivas. Para ello, se requieren programas basados en desafíos.
Es vital fortalecer la infraestructura de la calidad. Buena parte del dualismo de Costa Rica obedece al problema conocido como la “valla de la productividad” entre el sector moderno y el tradicional de la economía.
Si bien buena parte de esas políticas apuntan a dar a las empresas costarricenses herramientas para solventar este problema, el salto no se dará si la infraestructura de normalización, acreditación y metrología no se encuentra lo suficientemente desarrollada, sobre todo en vista de los desafíos que supone la estandarización debida a las nuevas tecnologías.
Ricardo Monge González es presidente de la Academia de Centroamérica.
