A partir del 1 de noviembre, los hospitales de Texas deberán preguntar a sus pacientes sobre su estatus migratorio, medida ordenada por el gobernador Greg Abbott con el objetivo de trasladar los costos del cuidado médico de migrantes irregulares al gobierno de Joe Biden.
De acuerdo con Abbott, las políticas de frontera abierta de la administración actual hacen que los contribuyentes paguen los gastos médicos de personas en situación migratoria irregular.
En Florida, donde el gobierno estatal es encabezado por el partido republicano, se mantiene una ley similar que no ha demostrado eficacia.
Actualmente, cuando una persona acude a un hospital en Florida, se cuestiona al paciente sobre su estatus migratorio. Las cifras establecen que ocho por ciento de las personas no responde. La cifra baja un punto porcentual cuando se trata de pacientes que acuden por una emergencia hospitalaria.
Los datos indican que menos del un por ciento de las personas admitidas en un hospital o en una sala de urgencias respondió estar en Estados Unidos de manera ilegal.
La Asociación de Hospitales de Texas aseguró que, independientemente de si los pacientes responden o no a la pregunta sobre su status migratorio, la atención médica no se verá interrumpida.
No obstante, los hospitales estarán obligados a proporcionar los datos recabados en marzo de 2024, o enfrentarán la pérdida de pagos por parte del plan estatal de Medicaid.
La medida es respaldada por organizaciones conservadoras como la Fundación de Políticas Públicas de Texas (TPPF), que señalan que los costos relacionados con la atención médica de inmigrantes indocumentados no deberían recaer en empresas privadas y hospitales.
Aunque la iniciativa de Greg Abbott busca arrojar luz sobre los costos que suponen estos pacientes, los datos actuales muestran que los inmigrantes indocumentados tienden a usar menos los servicios hospitalarios que los ciudadanos estadounidenses sin seguro.
En 2023, los hospitales de Texas gastaron 3.1 mil millones en atención no reembolsada a personas sin seguro, y el gasto de Medicaid para emergencias, que cubre ciertos casos de inmigrantes indocumentados, ha disminuido en los últimos cinco años.
Expertos en políticas de salud, como Lynn Cowles de la organización Every Texan, advierten que la medida busca disuadir a las personas indocumentadas de utilizar beneficios públicos, y que probablemente no arroje información nueva sobre el impacto real de los inmigrantes irregulares en el sistema de salud.
Texas, que tiene una de las tasas más altas de personas sin seguro en el país, cuenta con una población significativa de migrantes en situación irregular, estimada en 1.6 millones según el Centro de Investigación Pew. De los 30 millones de habitantes de Texas, aproximadamente el 18 por ciento no tiene seguro médico, y se estima que el 14 por ciento de ellos son inmigrantes indocumentados.
Aunque Abbott espera que la recolección de estos datos proporcione una imagen más clara del impacto financiero, la experiencia con iniciativas similares en otros estados, como en Florida, no han logrado resultados concluyentes.
