La mayoría del Consejo Fiscal ha reclamado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que repiense su decisión de continuar y dimita para proteger a la institución que representa, tras su imputación en el caso de la revelación de secretos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como confirman a LA RAZÓN fuentes judiciales.
Los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera, y el único de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), han instado al fiscal general a dejar el cargo para que la Fiscalía General del Estado "no esté en el foco", explican estas fuentes, dada la presunta responsabilidad de García Ortiz en la filtración de las negociaciones del empresario Alberto González Amador con la propia Fiscalía, que investiga el Tribunal Supremo desde este pasado miércoles.
El "tono" de la reunión ha sido "bueno", "de cariño" y "respeto" entre compañeros de la carrera, señalan a este diario. Los otros cuatro vocales restantes han rechazado sumarse a la petición para que García Ortiz dimita. Los votos negativos han sido los de los dos miembros natos del Consejo, que son su "número dos" en la Fiscalía, la teniente fiscal María Ángel Sánchez Conde y fiscal jefe inspectora, María Antonia Sanz Gaite.
A ellas se han sumado los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que en todo momento han mostrado, también públicamente, su "firme respaldo a la decisión de no presentar su dimisión" en base a razones "de índole moral, institucional y el propios contenido de la resolución" que le imputa.
Desde la asociación mayoritaria de fiscales han desvelado durante el encuentro de este jueves el fiscal general les reiteró su decisión de continuar con sus responsabilidades justificándolo en que su actuación se enmarcó en el deber de informar de los asuntos relevantes para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, de manera que, ponderando las circunstancias, estimó que lo menos gravoso y más prudente es su propia continuidad.
Los vocales de la AF le han trasladado a García Ortiz que el perjuicio para la Fiscalía General al mantenerse en el puesto "supera con creces cualquier afectación producida por su conclusión".
Le destacaron, especialmente, la "anomalía" que supone que el fiscal que intervenga en su causa para defender "la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público", siga actuando bajo la jefatura superior del propio investigado en ese proceso.
De igual forma, consideran que con su negativa a dimitir tras pasar a ser investigado por el Supremo "pone en entredicho la credibilidad de la actuación de todos los miembros de la carrera, mucho más allá del marco de este proceso, por efecto de los principios de dependencia jerárquica y unidad de actuación".
Lo que para esta asociación conservadora resulta, como han puesto en conocimiento personalmente a García Ortiz, "absolutamente inasumible por el impacto" para la imagen de esta situación y, por ello, no ven que pueda "haber una consecuencia más gravosa para el Ministerio Fiscal que sostener el progresivo deterioro" que tener a un fiscal general imputado por primera vez en la historia.
