La Fiscalía Anticorrupción atribuye al exministro José Luis Ábalos un "papel principal" en la trama del "caso Koldo" dedicada al cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones públicas que creó el empresario Víctor de Aldama.
Apoyándose en el informe de la UCO, el Ministerio Fiscal ve "difícil entender que la operativa" urdida tanto por Aldama como por el entonces principal asesor del ministro, Koldo García, pudiese desarrollarse "sin la participación" directa del exministro de Transportes.
Constata en el escrito que el que fuera presidente del Zamora Club de Fútbol, señalado por la UCO como "líder" de la trama y "nexo corruptor" en la Administración, "retribuyó" a Ábalos los notables beneficios económicos que le reportaron los contratos públicos que obtuvo a través de Soluciones y gracias a la "relación privilegiada" que mantenía con el entonces ministro y su asesor.
En primer lugar, con la compra una vivienda, inmediatamente después de las adjudicaciones públicas de 2020 investigadas, que habría sido escogida por el propio Ábalos y, más tarde, adquirida por Aldama a través de terceros para el uso y disfrute del exministro y su familia.
El inmueble está ubicado en la urbanización La Alcaidesa de La Línea de la Concepción (Cádiz) y en el último informe policial se le denomina "la casa de La Alcaidesa".
La otra contraprestación que Ábalos recibiría del empresario viene de más lejos. Ya un año antes de que se firmasen las adjudicaciones bajo sospecha Aldama se encargaba del pago de la vivienda del centro de Madrid en la que vivía mujer, llamada Jéssica, que entonces era la pareja del que fuera también "número 3 del PSOE".
El alquiler del apartamento, ubicado la madrileña Plaza de España, unos 2.700 euros al mes, eran abonados a la mercantil que lo gestionaba por uno de los socios de Aldama desde marzo de 2019 hasta septiembre de 2021.
La trama de "mordidas", asimismo, se habría encargado, por orden de Ábalos, de hacer efectiva la contratación de Jéssica por parte de dos empresas públicas dependientes de Transportes. Primero fue administrativa en Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) y, más tarde, ocupó el mismo puesto en Tragsatec. Por estos hechos esta sección del Ministerio Público le atribuye al exministro socialista un delito de cohecho.
Anticorrupción expone, haciendo referencia a la UCO, que los agentes calculan que Aldama obtuvo 6,6 millones de euros con los contratos públicos que consiguió utilizando la "información privilegiada" que le trasladaron desde el seno de este Ministerio con la que conoció que dos organismos dependientes, Puertos del Estado y Adif, precisaban EPIS y se iba a tratar de conseguirlos a través de un trámite de emergencia. El propio Aldama, se señala en el escrito, lo admitió ante la Agencia Tributaria.
Todos estos hechos son los "indicios" que para Anticorrupción "evidencian la participación" de Ábalos en la trama de comisiones ilegales y que hacen necesario, como trasladan al instructor del "caso Koldo", Ismael Moreno, que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo, donde está aforado como diputado, para que este le investigue por los delitos de organización criminal y trafico de influencias, además del citado cohecho.
