Telefónica, la multinacional española de telecomunicaciones, ha reclamado al Estado peruano una compensación superior a 1.122 millones de euros. La empresa ha presentado esta demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), acusando a Perú de haberle causado daños y perjuicios tributarios durante varios años. Este arbitraje se da un mes después de que el Poder Judicial ordenara la devolución del Estado Peruano de más de 371 millones de soles en cartas fianzas, que iban a ser ejecutadas por Sunat.
Telefónica sostiene que los montos pagados y las provisiones fiscales que se le han exigido en Perú violan los acuerdos bilaterales firmados entre ambos países, lo que ha generado una disputa legal de largo recorrido. El arbitraje se encuentra en la fase final y se espera una resolución en febrero de 2025, a cargo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), donde la empresa busca compensación por estos montos millonarios.
El conflicto entre Telefónica y el Estado peruano se remonta a varios años de disputas tributarias. La empresa sostiene que, desde su llegada al país en 1994, ha sido objeto de resoluciones fiscales que le han generado un impacto financiero significativo. Según la multinacional, Perú no ha cumplido con las disposiciones del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), tratado que fue firmado entre ambos países y que protege las inversiones extranjeras.
Telefónica alega que ha realizado pagos millonarios que considera improcedentes, y ha aprovisionado otros montos que aún no ha pagado debido a las irregularidades que percibe en la interpretación de las leyes tributarias peruanas. Estos hechos han motivado la demanda ante el CIADI, que actualmente está en proceso de arbitraje y cuya resolución podría tener un impacto considerable tanto para la empresa española como para el Estado peruano.
Telefónica reclama al Estado peruano un total de 1.122 millones de euros por daños y perjuicios fiscales, que se desglosan en varios conceptos. De esta suma, 523,6 millones de euros corresponden a impuestos ya pagados que la empresa considera abusivos y contrarios a derecho. Además, reclama 647,2 millones de euros por provisiones fiscales de tributos que no ha pagado, argumentando que estas exigencias violan el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú.
También se incluyen 6,7 millones de euros por perjuicios emergentes, que abarcan costos legales y fiscales asociados a los procesos locales. Es importante destacar que aproximadamente el 80% del monto total se debe a intereses acumulados por impagos no atribuibles a Telefónica en sus operaciones históricas en Perú.
Se espera que el CIADI emita una resolución sobre el caso en febrero de 2025. Este fallo será crucial tanto para Telefónica como para el Estado peruano. El futuro del caso de Telefónica en Perú se centra en la espera de un laudo arbitral que se resolverá entre febrero y marzo de 2025, donde la empresa reclama hasta 1.122 millones de euros por daños y perjuicios fiscales. Este arbitraje, que se lleva a cabo en el Ciadi, se originó por la denuncia de Telefónica sobre el pago abusivo de impuestos por parte del Estado peruano, que considera violan el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú.
Cabe precisar que Telefónica decidió no pronunciarse sobre esta decisión.
