Bruselas. Bajo presión de varios países de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lanzó la idea de una ley para facilitar la expulsión de migrantes ilegales. El tema debe figurar en la agenda de una cumbre de dirigentes de la UE que se inicia el jueves. Sin embargo, la implementación enfrenta numerosos obstáculos.
La deportación de migrantes ilegales se rige por la denominada “directiva de retorno” de 2008. Este texto armoniza las normas dentro de la UE para expulsar a migrantes irregulares hacia terceros países, al tiempo que les garantiza recursos legales.
Antes de la expulsión forzosa, la decisión de deportación debe otorgar al extranjero en cuestión “un plazo adecuado”, que oscila entre 7 y 30 días para una salida voluntaria, salvo en caso de riesgo de fuga o peligro para el orden público. En este contexto, medidas coercitivas como la detención antes de la expulsión solo pueden utilizarse como último recurso.
Esta ley autoriza un máximo de 18 meses de detención para migrantes ilegales dentro de la UE. Después de la expulsión, permite adoptar una prohibición de cinco años de entrada al territorio de los 27. En 2008, defensores de los derechos humanos criticaron estas medidas, a las que se referían como la “directiva de la vergüenza”. El texto también provocó indignación en países extranjeros, particularmente en América Latina.
15 Estados miembros, incluidos Francia y Alemania, suscribieron una nota lanzada por Austria y Países Bajos a favor de endurecer las reglas sobre expulsión de migrantes ilegales. Von der Leyen, con su propuesta del lunes en una carta enviada a los 27, terminó por darles la razón.
“La Comisión presentará una nueva propuesta de ley” con “obligaciones claras de cooperación para las personas expulsadas” y la voluntad de “organizar eficazmente el proceso de retorno”, indicó Von der Leyen.
“Necesitamos un nuevo marco legislativo para reforzar nuestra capacidad de actuar”, explicó la presidenta de la Comisión en su carta. Actualmente, se estima que menos del 20% de las decisiones de expulsión de migrantes irregulares se implementan en la UE.
Por el momento, no lo hay. El nuevo equipo de la Comisión Europea deberá tomar posesión de su cargo, presumiblemente, a principios de diciembre. Revisar la directiva requiere un demorado proceso de negociación entre los países del bloque y el Parlamento Europeo.
En 2018, la Comisión presentó una propuesta para revisar la directiva, pero ese esfuerzo nunca llegó a buen término debido a la falta de acuerdos. La nueva propuesta de Von der Leyen llega después de que la UE adoptara en mayo su Pacto de Migración y Asilo, que debe entrar en vigor a mediados de 2026 y que incluye un refuerzo en los controles, además de establecer un mecanismo de solidaridad entre los países del bloque.
Sin embargo, en un escenario marcado por el fortalecimiento de la extrema derecha en todo el bloque, numerosos países quieren ir más allá. En su carta, Von der Leyen mencionó una incendiaria propuesta para transferir a los migrantes ilegales a centros de recepción en terceros países, los denominados “centros de retorno”, antes de ser enviados a sus países de origen.
