Mientras que dos captadoras y un taxista irán a la cárcel, se libran de ella el resto de condenados, entre los que se encuentran los empresarios violadores de las menores de entre 14 y 17 años
La Audiencia de Murcia envía a prisión a tres cabecillas de la trama de explotación sexual de menores
Una noche más frente al Palacio de Justicia de Murcia o Audiencia Provincial. La concentración celebrada este martes a las 20.00h en Murcia es la cuarta protesta contra la sentencia de la red de abuso sexual a menores que ha librado de la cárcel a diez de las 13 personas condenadas. Esta vez la policía no había parado el tráfico y los coches silbaban detrás de personas que portaban pancartas o trataban de hacer fotos en las últimas filas.
“¡Las menores no se tocan!” o “¡Empresarios violadores!” se ha vuelto a escuchar entre los manifestantes con un tono de enfado.
Esta mañana la Sección 3 de la Audiencia Provincial ha decidido que irán a la cárcel dos de las captadoras, Ruth Karina Dorado, Nelly Paola Céspedes y el taxista ilegal Walter Domínguez. En cambio, la semana pasada se suspendió la ejecución de las penas de prisión a todos los empresarios condenados por prostitución de menores cuya pena de prisión no superaba los dos años de prisión.
Los hechos sucedieron hace una década y el motivo principal de la rebaja de las penas ha sido el tiempo transcurrido -la atenuante de dilaciones indebidas-, además del acuerdo de conformidad al que llegó la Fiscalía de la Región con la defensa de los ahora condenados. No hubo acusación particular ya que las víctimas no contaron con abogados “porque nadie les dijo que podían hacerlo”. Las menores tenían entre 14 y 17 años y eran captadas en el colegio o en discotecas light.
Para Gloria Alarcón, de la Asamblea Feminista de la Región de Murcia, la justicia solo se aplican a las “personas más vulnerables” de la red de prostitución. “No entiendo cómo la Audiencia ha utilizado las palabras del magistrado, exclusivamente, para justificar que entran en prisión tres personas que, casualmente, son de origen migrante. Ninguno de los empresarios, como son poderosos y potentados y llevan abogados maravillosos y muy costosos, van a la cárcel”.
“En el auto se decía que era muy mal ejemplo para la sociedad que no entraran en la prisión las dos proxenetas y el taxista, ¿y por qué no se aplica a los demás? Es utilizar una manga de doble rasero, es inmoral, y también clasista”, ha abundado la profesora de la Universidad de Murcia (UMU).
“Nos parece negativo que diez de las trece personas sin tener una pena acorde a la gravedad de los hechos. Hacemos un llamamiento al Ministerio Fiscal para que siga protegiendo la posición de las víctimas y sus derechos”, ha explicado Marta Latorre, portavoz del colectivo Fuste.
María Rendo, de la Coordinadora Feminista de Cartagena, ha coincido con ella: “Si en una primera instancia, nos sentimos acogidas por la Fiscalía, ayer registramos una nueva comunicación para que ahora recurran”. Sobre todo, ha subrayado que el movimiento feminista busca justicia y no venganza.
Las manifestaciones han sido convocadas en toda España por el Fórum de Política Feminista. Frente al Palacio de Justicia de Logroño, por ejemplo, han compartido la “fuerte indignación” que ha generado la sentencia durante la concentración.
La Sala se reunió con las víctimas tras el acuerdo de conformidad entre Fiscalía y defensa y antes de la deliberación de la suspensión de las penas, algo que fuentes judiciales han calificado a este diario como “inusual” e “inédito”, puesto que tuvo lugar con el pacto de las condenas cerrado y ratificado por los jueces de la Audiencia.
El Tribunal ha justificado este encuentro tras la resolución alegando que está “en consonancia con lo establecido en el Estatuto de la víctima del delito”: “La Sala escuchó a las perjudicadas en audiencia reservada. En dicho momento, además de comunicarles la existencia de una indemnización a su favor (de 1.000 a 9.000 euros) y recabar los datos necesarios para hacérsela llegar, se les solicitó su parecer sobre las medidas o reglas de conducta previstas por la ley y sobre el resto de información relevante para resolver. Cinco de ellas se mostraron favorables a que se les concediera la suspensión de las penas a los condenados, dos manifestaron estar conformes con la decisión que tomara el tribunal y cuatro se opusieron a que se les concediera el beneficio”.
“Y cuatro, las más afectadas, no nos cabe ninguna duda que presionadas por el movimiento social dijeron que preferían que entraran en prisión y eso es algo que el Tribunal quería hacer constar por respeto a nosotros como Tribunal a la hora de resolver y por respeto a las víctimas si realmente queremos que dejen de estar victimizadas”, fueron las palabras que la magistrada ponente del tribunal, Concepción Roig, pronunció el pasado 8 de octubre durante la comparecencia de los empresarios.
“Lo que conocemos de la ponencia de la magistrada a través de los medios de comunicación nos parece muy negativo porque se ha señalado claramente al movimiento feminista como responsable de que las víctimas hubieran declarado presionadas, en lugar de entender que lo que se ha intentado es que se sintieran acompañadas”, ha apuntado Latorre al respecto.
