La alianza existente entre el nacionalismo vasco y el PSOE, que permitió la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, implica una serie de transferencias que los socialistas se comprometieron a hacer efectivas en un plazo de dos años. Ambos ejecutivos, autonómico y central, esperan a finales de octubre para tratar e impulsar seis de ellas en la Comisión Bilateral creada en noviembre, aunque entre este grupo no se encuentra la competencia sobre el orden público y la protección de bienes y personas en las infraestructuras críticas (puertos y aeropuertos) en el País Vasco. Una sobre la que todavía no ha trascendido su alcance y que la oposición ha cuestionado al Ejecutivo regional, que no ha ofrecido detalles al respecto. Este martes la Mesa del Parlamento vasco ha hecho pública una respuesta por escrito a la diputada del PP, Ainhoa Domaica Goñi, en la que pregunta qué medios materiales y humanos acompañan a esta transferencia. «Dispondrán de los medios materiales específicos y que sean necesarios para la gestión de la seguridad en puertos y aeropuertos», responden sin mayor concreción desde el Departamento de Seguridad. En cuanto a los medios humanos «serán los que dispone la Ertzaintza en la actualidad». Además, Domaica pide información sobre la forma en la que está previsto que se haga dicho despliegue, junto a la existencia de un calendario y del coste previsto . Una cuestión que desde la cartera que dirige el consejero del PNV Bingen Zupiria despachan afirmando que se abordará «de la misma manera que se han llevado a cabo el resto de despliegues a lo largo de la existencia de la Ertzaintza, en los momentos en los que se han materializado nuevos traspasos de competencias». Sí confirman que aún s e desconoce el número de ertzainas destinados a tales propósitos , pues, al ser cuestionados sobre esto y la categoría profesional de dichos agentes, contestan que «está pendiente de establecer una nueva relación de puestos de trabajo que determinará el número de ertzainas destinados a estas funciones». Hasta el momento, este periódico tampoco ha recibido una respuestas más detallada tras preguntar a los responsables del Ejecutivo regional. Dicho traspaso, que figura en el acuerdo sellado entre Sánchez y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en noviembre, acompaña a otros de gran importancia y complejidad, como es la gestión económica de la Seguridad Social. Fue ratificado el pasado mes de julio por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , en la Junta de Seguridad, el organismo que establece el Estatuto de Guernica -aprobado en 1979- para coordinar la labor de la policía autonómica y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El propio Marlaska insistió entonces en que la asunción por parte de la Ertzaintza de esta competencia , una cesión que se ampara en los derechos históricos de los territorios forales protegidos por la disposición adicional primera de la Constitución, no influirá a la Policía y la Guardia Civil en sus funciones «exclusivas». Estas quedan recogidas en el artículo 17 del Estatuto de Autonomía y hacen referencia a los servicios policiales de «carácter extracomunitario y supracomunitario» que prestan en estas infraestructuras. Detalladamente, en este listado figura la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, emisión de pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado. En este contexto, según el cual la Ertzaintza aumentará su presencia en las infraestructuras críticas del País Vasco (aquellas cuyo funcionamiento es indispensable y su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales), PSOE y PNV también acordaron realizar las «modificaciones normativas precisas» para que el cuerpo autonómico forme parte de los equipos de inspección portuaria. Esto, junto con el total desarrollo de sus funciones como «policía integral», requeriría su incorporación a 'Secureport', el sistema informático empleado por los responsables de la seguirdad en infraestructuras portuarias.
