El Gobierno ha confirmado a la Unión Europea que el gravamen extraordinario a los resultados de banca y energéticas será permanente una vez que se transforme en un impuesto anual. Así lo ha confirmado el ministro de Economía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha adelantado el plan fiscal estructural que se remitirá a Bruselas. "Evidentemente este plan conlleva la extensión o permanencia de los tributos hasta ahora aprobados", entre los que se incluyen el que se aprobó sobre los resultados las compañías eléctricas y el sector financiero.
Una vez transcurridos los tres ejercicios concebidos hasta ahora -los dos aprobados en primera instancia y otro año más de la ampliación-, los dos socios en el Ejecutivo pretenden extender de forma permanente estos gravámenes y convertirlos en impuestos a través de una ley, un proceso que aún no ha comenzado, por lo que es difícil que queda prácticamente descartado que puedan ejecutarse antes de final de año. Por ello, estos gravámenes -que han recaudado 2.859 millones este año- podrían ser prorrogado hasta que se aprueben las eventuales leyes que los conviertan en impuestos y así evitar que jurídicamente los gravámenes temporales decaigan una vez concluya este ejercicio.
Del resto de medidas fiscales que estaban comprometidas en la reforma, Cuerpo se ha limitado a apuntar que se están "aterrizando" con la Comisión Europea, ya que también formaba parte de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, y ha evitado ofrecer detalles sobre por dónde se desarrollará. Se ha limitado a apuntar que la presión fiscal en España está por debajo de la media europea, lo que deja "margen" para "realizar medidas de reforma en materia de ingresos sin por ello dañar el crecimiento" económico.
España se ha comprometido con la Unión Europea a presentar un plan de ajuste fiscal estructural a corto y largo plazo, que pasa por fijar el crecimiento del gasto primario neto promedio en el 3% en un horizonte a siete años, en cumplimiento con las nuevas reglas fiscales de la UE. La trayectoria debe garantizar que, al final del periodo de ajuste, la deuda pública se halle en una "senda descendente plausible o se mantenga en niveles prudentes", ha apuntado Cuerpo, por debajo del 60% del PIB a medio plazo, y que los déficits no superen el umbral del 3% del PIB y también mantengan ese comportamiento a medio plazo.
