Haber intervenido una fiesta privada denunciada por los propios vecinos por el ruido provocado y por la continua realización de ese tipo de actividades —en la que se detuvo a 84 personas; es decir, todos los participantes, lo que dio a la intervención policial el carácter de redada y al local, el de búnker de extorsionadores y sicarios— resulta un exceso por donde se le mire.
Si la intención fue generar una cortina de humo ante la ola indetenible de crímenes producto de la extorsión, solo duró poco menos de 24 horas. Los asistentes a la fiesta fueron en su gran mayoría liberados la mañana del lunes y los pocos que quedaron retenidos resultaron el organizador de la fiesta, unos cuantos por posesión de droga y algún indocumentado más. No era un búnker de sicarios, no se estaba desmantelando ninguna red ni mucho menos era resultado de alguna labor de seguimiento o de inteligencia policial.
La Policía Nacional parece forzada a presentar resultados rápidos y a mostrar el producto de su trabajo en el breve plazo. Debe existir preocupación en las altas esferas del poder, maniatado por la cerrazón del fujicerronismo en el Congreso que se niega a cambiar las nefastas leyes procrimen y a una ola de protestas ciudadanas demandando mayor seguridad ciudadana, que se van agendando para los próximos días.
Recurrir, no obstante, a inflar los hechos para dar una falsa sensación de que se avanza y que existe el control de la situación tiene varios problemas. El primero es que el búnker se vino abajo en un abrir y cerrar de ojos y el segundo es que si ya hay temor en la población, este recrudece si siente que le están mintiendo.
Y esa sensación crece si a las pocas horas de desmontado el bulo del búnker, un profesor es asesinado frente a los alumnos de un colegio, quienes vieron al sicario ejecutando su macabra labor. Hasta allí llega la cortina de humo y se desatan el miedo y la protesta.
