La apertura del juicio contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez (2019-2020) y el gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por sus roles en la crisis política de 2019, que estaba prevista para este lunes, fue aplazada porque los acusados no fueron trasladados desde prisión para asistir a la audiencia.
Los abogados defensores de Áñez y Camacho explicaron por separado a los medios en La Paz que el Tribunal Sexto de Sentencia decidió aplazar la audiencia del juicio a este jueves a las 8:30 locales (12:30 GMT), debido a que no estuvieron presentes los tres principales acusados en el llamado caso golpe de Estado I.
Áñez está en una prisión en La Paz desde 2021 y Camacho está en una cárcel de máxima seguridad en el Altiplano boliviano desde finales de 2022, mientras que el exlíder cívico de la región andina de Potosí Marco Pumari, con detención preventiva en ese departamento desde 2021.
Uno de los abogados de Áñez, Luis Guillén, dijo que la ausencia de su defendida se debe a un «incumplimiento por parte del Ministerio de gobierno (Interior) y la Dirección General de Régimen Penitenciario» que no acataron una orden judicial que dispuso el traslado de la exmandataria al juzgado.
«El tribunal ha sido claro al establecer que, en caso de incumplimiento nuevamente, va a remitir antecedentes al Ministerio Público para que se investigue cuál es el motivo por el que Régimen Penitenciario no está cumpliendo con esta resolución», señaló.
La defensa de Camacho confirmó la suspensión de la audiencia del juicio e indicó que el Régimen Penitenciario presentó un informe para justificar el no haber trasladado a los acusados, aunque los juristas indicaron que han «cuestionado» ese reporte «porque carece de pruebas».
También reclamaron que se «respete el debido proceso» y el derecho de Camacho de estar presente en la audiencia para «demostrar su presunción de inocencia».
El Régimen Penitenciario indicó el fin de semana que los responsables de las cárceles, donde están detenidos Áñez, Camacho y Pumari, recibieron las instrucciones de salida de los procesados, lo que finalmente no se cumplió.
En el caso Golpe de estado I también están acusados varios exaltos mandos militares y policiales de 2019 y dos exministros de Áñez, Arturo Murillo, extitular de gobierno (Interior), en prisión en Estados Unidos por un caso de soborno y lavado de dinero, y el de Defensa, Fernando López, quien está en Paraguay.
Las investigaciones por este caso se iniciaron tras la denuncia de una exdiputada del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) en 2020 sobre los hechos que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019), que para el oficialismo fue un «golpe de Estado», mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude a su favor en los fallidos comicios generales de 2019.
Áñez ya fue sentenciada por la justicia boliviana en junio de 2022 a 10 años de cárcel por el caso llamado golpe de Estado II, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
Camacho está acusado por haber liderado las protestas poselectorales contra Morales en 2019, cuando aún era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, la mayor región del país.
En su caso, la Fiscalía le imputó por «terrorismo» en calidad de autor y anticipó que pedirá una sanción de 20 años de cárcel, mientras que Áñez, Pumari y dos exjefes militares están acusados en calidad de «cómplices».
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