Leer las páginas con reglamentación que cada día se publican en una comunidad sería como completar un libro de casi 300 páginas por jornada. «Inviable», ejemplificó y resumió el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, para clamar contra una «excesiva» burocracia que «nos preocupa porque nos hace perder mucha productividad» . Precisamente para aligerar esa carga, empresarios, Cámaras de Comercio, Junta y Secretarios e Interventores firmaron ayer un acuerdo con el que se comprometen a identificar esos escollos, plantear medidas y plasmar «en realidades» esa reducción de papeleo. Y hacerlo también «claro y accesible» para «facilitar la comprensión», según destacó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago. Un compromiso que se asienta sobre dos principios, señaló. El primero: «Sólo una vez», esto es, que los datos y documentos únicamente tengan que facilitarse en una ocasión y sirvan para todo el proceso. El segundo, «una más, una menos», lo que se traduce, explicó el consejero, en que «no se acumulen cargas», de modo que por cada norma que se añada se eliminen otras previas que se consideren innecesarias. La intención es reunirse en mesas de trabajo cada tres meses para que aquellas propuestas que, a priori, puedan incorporarse se lleven adelante. Eso sí, dado que supondrá cambios en normas, el proceso durará entre «seis y ocho meses», de modo los resultados ser verán «a corto-medio plazo» y no será antes de entre nueve o diez meses cuando se pueda hacer efectivo algún cambio, puntualizó Gago. Por el momento, buena acogida a las intenciones por parte de empresarios y secretarios e interventores. Es algo «necesario», valoró el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Antonio Miguel Méndez Pozo, quien llegó a la cita ya con 30 propuestas fruto de esa experiencia que «sufrimos» y con las que buscan «agilizar» trámites, en «muchas» ocasiones con «cosas tan absurdas que no acabamos de entender». «Urge muchísimo reducir la complejidad legislativa», subrayó Aparicio, quien saludó esta «gran iniciativa». Pero fue exigente, comenzando por reclamar una «unidad de mercado» que evite, por ejemplo, que un etiquetado tenga que imprimirse en hasta 17 versiones distintas por las diferentes exigencias de cada comunidad. «Celeridad» y textos normativos «muy, muy refundidos» y «monotemáticos», otras de sus reclamaciones. Desde el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración, como «testigos y sufridores» de esas trabas, su presidente autonómico, Raúl Elvira, también valoró que puedan reducirse y demandó que «no se quede sólo en declaración de intenciones». Además de trabajar con estas agrupaciones y la labor que ya se lleva a cabo en este sentido con Empresa Familiar de Castilla y León, Gago apuntó que cualquier ciudadano pude hacer sus aportaciones a través del correo electrónico simplifica@jcyl.es.
