La Fiscalía de Córdoba ha archivado las diligencias que se abrieron en junio pasado contra el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello (PP), sobre el caso del trabajador contratado por el Consistorio en base a un plan de la Junta y que cobró varios meses sin acudir a su puesto. Cabello ha explicado en una nota oficial que desde el «Consistorio y la Alcaldía se han ofrecido tanto al Ministerio Público como a los grupos de la oposición todos los documentos que se le han solicitado con la máxima transparencia y ha mostrado su satisfacción de que este asunto quede al fin zanjado al no detectarse indicios de ningún tipo de irregularidad penal , que ha sido lo que nosotros siempre hemos defendido a pesar los ataques constantes y de lo que demuestra toda la documentación». Santiago Cabello ha señalado en su comunicado que esta decisión pone fin «de una vez por todas a la cacería política y personal a la que se me ha sometido a mí y a mis compañeros del equipo de gobierno, la cual han ido alimentando durante meses a sabiendas de que engañaban a Pozoblanco». El alcalde ha pedido tanto al Partido Socialista y a Izquierda Unida y sus portavoces, Rafael Villarreal y Emmanuel Vioque, como al concejal no adscrito, Gerardo Arévalo (ex edil de Empleo entonces con el PP) , «que asuman que éste no es el camino, pues ya se conoce que todo ha sido una gran mentira con la que han intentado romper la estabilidad de Pozoblanco y que ha tenido que resolver la justicia y la Fiscalía de forma contundente». Cabello también ha indicado que «cada cual debe asumir ahora sus responsabilidades, sus disculpas o sus dimisiones porque ha sido muy grave lo ocurrido como para que quede en el olvido». «En política igual que en la vida no todo vale», ha añadido, antes de recordar que llegó a la política para ayudar a Pozoblanco y su gente «con humildad, honestidad y mucho trabajo y así me iré», ha agregado. Hay que recordar que el grupo municipal del PSOE de Pozoblanco denunció en marzo pasado ante la Fiscalía de Córdoba el caso del Ayuntamiento pozoalbense en el que un trabajador contratado, a través de un plan de apoyo al empleo de la Junta, estuvo cobrando varios meses sin trabajar. Se daba la circunstancia, según la denuncia, de que este trabajador es hijo de la secretaria particular del alcalde. Entonces el portavoz socialista explicaba que daban el paso «por mera responsabilidad politic a, porque había que hacerlo ante hechos de gravedad que podrían ser delito». Eso, defendió entonces, «no se puede ver en una comisión de investigacion», cuya creación aprobó a finales de enero de este año por unanimidad el Pleno. Esta controversia le costó el puesto al entonces edil de Empleo, Gerardo Arévalo, quien fue expulsado, además, del grupo municipal del PP. Los populares lo justificaron por «su incapacidad manifiesta para trabajar en equipo, así como los continuos enfrentamientos y faltas de respeto que ha mantenido con distintos compañeros del grupo». Gerardo Arévalo replicó que el regidor conocía lo sucedido con la situación de este trabajos desde el principio y que él, cuando ostentó la Concejalía de Empleo, sólo intentó «que no hubiera irregularidades ».
