Acaso los lectores habrán advertido el cambio de invectivas del Ejecutivo y el Legislativo. Hasta antes del paro del jueves, el enemigo designado de esos dos poderes del Estado eran —éramos— los caviares. Nadie sabe lo que significa ese término zoológico-político, salvo que eran el cuco predilecto de políticos empeñados en defender sus intereses y los de las mafias a las que representan. Sin embargo, con el éxito del paro encabezado por los transportistas y de muchos comerciantes, cuyo común denominador es el de ser víctimas de los extorsionadores, el término “caviar” ha sido desplazado por el de “terrucos”. Disparates como el terrorismo urbano o el terrorismo de imagen fueron el pistoletazo para esta nueva campaña denigratoria de quienes protestan porque los están matando.
Fue entonces que se evidenció la brecha entre caviares y terrucos, en la percepción de los mencionados poderes. Los dirigentes populares de los transportistas, por ejemplo, aquellos a quienes les faltó el respeto el congresista Montoya en el recinto del Congreso, no serían caviares, sino terroristas, vinculados al Movadef o algo análogo. Salta a la vista el sesgo clasista y racista de esa brecha. Mientras que los caviares, en la narrativa gubernamental, son mermeleros que quieren seguir succionando las arcas del Estado, los terrucos son personas de extracción y arraigo popular que hacen terrorismo urbano y por eso, de persistir en sus protestas callejeras, deben ser reprimidos por la violencia y, en última instancia, baleados.
Esta línea demarcatoria no es, por supuesto, impermeable. Hay una zona fronteriza porosa a través de la cual una persona crítica del régimen puede pasar de una categoría a otra. Por ejemplo, alguien que se exprese de manera crítica al régimen en los medios puede pasar de caviar a terrorista de imagen. Y por ende terminar en la cárcel. Parece más difícil que un dirigente de transportes o mercados pase de terruco a caviar. En términos de racismo y clasismo, esto siempre ha sido así: es más fácil descender que ascender.
El problema es que al régimen en el poder se les están agotando las municiones y los aliados. La Confiep se ha solidarizado con la protesta y varios dirigentes empresariales han hecho lo propio. La revista Semana Económica también se ha pronunciado contra la incompetencia del régimen y los peligros que esto está incrementando en la situación del Perú. Su editorial es elocuente: “Un Gobierno contumaz”. Acusa al Gobierno de carecer de ideas para enfrentar la ola de violencia e inseguridad que sufre el país. Es muy improbable que se acuse a Alfonso Bustamante, presidente de la Confiep, de caviar o de hacer terrorismo de imagen. En cambio, el congresista Cueto aprobó la agresión del congresista Montoya, diciendo que no se puede dialogar con personas que tienen “posiciones radicales”. Para comprobarlo, criticó que se les haya permitido ingresar a “su” palacio legislativo.
Las encuestas demuestran fehacientemente el repudio generalizado contra estos congresistas encerrados en su recinto, aquel desde el cual emiten leyes tan vergonzosas como la 32108. Es inusual que una ley se haga tan conocida, pero eso es lo que ha ocurrido con la 32108. Todo el mundo sabe que es la ley que favorece al crimen organizado y al sicariato. Por eso no hay coincidencia alguna en el aumento exponencial del delito de extorsión. La ley de marras ha promovido el auge de ese delito y los resultados no se han hecho esperar. Hay extorsionadores a gran, mediana y pequeña escala. Juan De la Puente menciona pymes de la extorsión.
No es la primera vez que los sectores empresariales apoyan un paro. Pero en esta ocasión se advierte que la presión irá en aumento. La gente está protestando no por mejoras salariales o el alza del costo de vida. Ni siquiera por el aumento evidente de la pobreza. Lo están haciendo reclamando el más elemental de los derechos: el de la vida. Todos nos damos cuenta de que el Congreso es el que manda, mientras la presidenta Boluarte rehúye las entrevistas a la prensa y se dedica a lo que todos vemos: cambiar su imagen… física. Ese grado de frivolidad mientras el país se desangra a todo nivel es algo que ni siquiera en un país acostumbrado a delirios gubernamentales como el nuestro se había visto antes.
Se equivocan los congresistas si piensan que esto puede durar hasta que ellos lo decidan. La gente que no pueda fugar del país —como lo han hecho un millón de peruanos en los últimos años— está contra las cuerdas. En esas condiciones extremas, sucede lo mismo que en el reino animal —al cual pertenecemos, después de todo—: fight or flight (lucha o huye). Es decir, quienes no puedan huir lucharán por su vida. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora, aquí.
No será un movimiento organizado encabezado por líderes reconocibles. Por el momento, quien lleva la voz cantante es la desesperación, de un lado, la indolencia, la negación y la corrupción, del otro. Es interesante la presencia de los grupos empresariales en esta protesta. También ellos se están jugando la supervivencia de sus intereses y calidad de vida. Y todos —excepto los del 5% que se niegan a ver la realidad en las encuestas— nos damos cuenta de que nuestro país va camino de convertirse en un páramo inhabitable, gobernado por la ley de las pandillas.
Quienes se aferran a la sombría predicción de que así se está preparando el terreno para la “mano dura” (eufemismo para dictadura) están jugando con fuego. Y Antauro, que no es caviar ni terruco, sino todo lo contrario, lo sabe.
