El presidente del Gobierno ha reaccionado a las protestas que la propia izquierda ha orquestado por todo el país sobre la dificultad para acceder a la vivienda con dos medidas que ya eran conocidas desde hace meses: una nueva convocatoria del Bono de Alquiler Joven que asciende a 200 millones de euros, la misma cantidad que en versiones anteriores dado que la falta de Presupuestos no le ha permitido mejorarla, y la elaboración de un reglamento para evitar fraudes en el alojamiento turístico, iniciativa que también era conocida. La falta de novedades sólo le permitió a Pedro Sánchez dejar un titular rimbombante: «Yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres», dijo ante las movilizaciones del domingo, arropadas con una edición para coleccionistas de la prensa gubernamental. Su expresión de buenos deseos, sin embargo, no oculta que Sánchez lleva seis años en el poder, al frente de una coalición de gobierno en la que cohabita con la izquierda más radical y que han sido ellos mismos los que han creado el problema. Es verdad que hay múltiples factores que han inducido cambios en el mercado de la vivienda, incluso a nivel mundial. Es un hecho que las políticas destinadas a crear propietarios, que proporcionaban estabilidad a nuestras comunidades, han desaparecido, pero también es verdad que las nuevas generaciones tienen poco apego a la idea de la fijeza. Podría suponerse que unas tendencias se compensan con otras, por ejemplo, la llegada del teletrabajo ha modificado la naturaleza de la demanda, tanto de compra como de alquiler, exigiendo viviendas más grandes y relativamente lejos de las grandes ciudades, que en nuestro mercado no abundan. El hecho es que si hace diez años el 69 por ciento de las familias jóvenes estaban comprando su vivienda, ahora sólo lo hace el 31 por ciento, según el Banco de España. Y justo cuando estos factores comenzaban a cambiar la cultura de la compra de vivienda por la del alquiler en España, más en línea con lo que ocurre en el norte de Europa, el Gobierno decidió promulgar una ley de Vivienda, cuya presentación fue cedida en su momento a Bildu, que supuso la derogación de un plumazo del delicado equilibrio jurídico entre arrendadores y arrendatarios que había creado la ley que otro socialista, Miguel Boyer, dictó en 1985 liberalizando el alquiler. Dicho equilibrio duró décadas, pero desde que Sánchez llegó al poder acompañado de los radicales, la desconfianza no ha dejado de reducir la oferta de alquiler, provocando que los precios se disparen. Y con razón: el plazo de los desahucios de un moroso se ha duplicado. El nuevo papeleo desborda a las comunidades autónomas. La creación de las 'zonas de alquiler tensionado' y la elevada protección de los arrendadores vulnerables, que deberían recibir ayudas del Estado y no convertirse en cargas de un privado, han dinamitado el 'statu quo'. La situación ha coincidido con la proliferación de los alquileres de vacaciones, potenciados por las nuevas tecnologías, a los que se culpa de la subida de precios cuando sólo se han convertido en la vía de escape natural de quienes sienten que sus derechos han sido menoscabados por la legislación. Por mucho que los exministros del Gobierno se sitúen detrás de las pancartas dominicales, los socialistas no pueden ocultar que son ellos los que han creado el problema y menos aparecer conchabados con quienes lanzan amenazas en público al derecho de propiedad, como ha hecho el ministro Urtasun. Lo que tiene guasa es que, además de crearlo, ahora digan que ellos son parte de la solución.
