Dos personas se escondieron en una bananera para sorprender a balazos a una patrulla de la Fuerza Pública en Batán de Matina, mientras que en Siquirres de Pococí, hubo un ataque contra la casa de un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambos hechos ocurridos durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes.
Sobre el caso de Batán, fuentes policiales reportaron que ocurrió cerca de las 10 p. m., a 75 metros del puesto policial. Al parecer, los oficiales salían a patrullar cuando el vehículo fue atacado en los vidrios y en las puertas, sin que ningún oficial resultara heridos.
Guillermo Valenciano, subdirector de la Fuerza Pública, detalló este lunes que por el hecho quedaron dos jóvenes detenidos, una mujer y un hombre de apellidos Juárez y Gomez; de 20 y 22 años respectivamente, quienes portaban armas AK-47, AR-15 y pistolas.
Al parecer, serían parte del mismo grupo que hirió a un oficial el pasado 6 de octubre, también en Batán.
Por su parte, el director general del OIJ, Randall Zúñiga, señaló que el atentado contra el investigador fue perpetrado con una AK-47. Zúñiga llamó a la reflexión por ambos casos, y aseveró que el objetivo de los criminales no era asesinar a los oficiales, sino enviar un mensaje a las autoridades.
“Evidentemente, si estos grupos criminales hubieran querido tomar a los compañeros policiales y matarlos, lo hubieran hecho”, alertó Zúñiga.
“Necesitamos a nivel país una respuesta directa e inmediata a esas situaciones, y se va a realizar, OIJ se va a encargar de realizar esta respuesta”, señaló el jerarca.
Zúñiga agregó que el país requiere una cohesión de discurso, pues las diferencias entre los poderes de la República solo favorecen al crimen organizado.
“Si pudiera generar algún tipo de refrán sería ‘en río revuelto, ganancia de pescadores’, bueno, en Estado revuelto, ganancia del crimen organizado, no podemos dejar que Costa Rica se nos vaya de las manos”, manifestó.
Asimismo, recordó que en los años 80 en Colombia, el país respondió con una unión de todas las partes en contra del narcotráfico, lo que requirió un mayor financiamiento de las fuerzas policiales.
Los múltiples ataques contra funcionarios judiciales este año tienen a las autoridades en altos niveles de alerta.
El 21 de marzo, en Tarbaca de Aserrí, dos individuos dispararon desde una motocicleta, en cuatro ocasiones, contra el vehículo de una jueza penal de apellidos Castro Fallas, quien trabaja en los Tribunales de Goicoechea.
Luego, el 5 de abril, dos motorizados dispararon contra el vehículo y la casa de un fiscal en Jacó de Garabito, Puntarenas.
Estos hechos llevaron al Poder Judicial a reforzar la seguridad en cada circuito y para sus funcionarios en las zonas de mayor riesgo. Además, la institución destinó ¢2.402 millones para la seguridad institucional en el presupuesto del 2025.
