El Tribunal Penal de Guatuso impuso una sentencia de 252 años de prisión contra siete hombres responsables de un doble homicidio ocurrido en enero del 2023 en dicha localidad. Cada uno de los imputados deberá cumplir una pena de 36 años por homicidio calificado, según informó el Ministerio Público la tarde de este lunes.
La Fiscalía logró demostrar que los acusados, de apellidos Vargas Herrera, Hidalgo Guerrero, Machado García, Valverde Vega, López Rivas, Sosa Maldonado y Jiménez Peña, idearon un plan para asesinar a dos hombres identificados como Juan Carlos Oconitrillo Briceño, de 37 años, y Elder Guadalupe Vega Vega, de 48.
Los hechos ocurrieron el 16 de enero del 2023, cuando Oconitrillo y Guadalupe fueron acribillados a las 8:30 p. m. en el centro recreativo El Cacao, en la comunidad de Katira, el cual había estado cerrado durante todo el día.
Según informaron las autoridades en ese momento, las víctimas estaban cenando en el lugar cuando entró a la propiedad un vehículo, aparentemente blanco, del cual bajaron al menos cuatro sujetos que dispararon repetidamente contra Vega y Oconitrillo.
Ajuste de cuentas estaría detrás de doble homicidio en Guatuso
Tras cometer el crimen, los agresores huyeron, pero la Fuerza Pública, en un operativo rápido, interceptó dos vehículos sospechosos donde viajaban los siete imputados. Cinco de ellos tenían antecedentes judiciales por delitos como drogas, robo con arma de fuego, riña, agresión a policías y ataque con arma de fuego. Así lo detalló el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en ese momento.
Durante el juicio, se comprobó que los acusados se trasladaron en esos vehículos desde el cantón de Sarapiquí hasta el centro recreativo, donde cuatro de ellos ingresaron y abrieron fuego contra las víctimas, causándoles la muerte.
Vega, de origen nicaragüense, se dedicaba al comercio y tenía apenas un mes de haber alquilado el local donde fue asesinado. Además, se sabe que administraba otros bares en la zona.
Sobre Oconitrillo, se informó de que recientemente había salido de prisión con un beneficio carcelario y portaba una tobillera electrónica. Según el Registro Civil, era oriundo de Liberia, Guanacaste, vecino de Cañas, casado y padre de seis hijos. Aunque el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no detalló en ese momento la relación entre las víctimas, se presume que se conocían por negocios presuntamente vinculados al narcotráfico.
El Ministerio Público indicó que, mientras la sentencia queda en firme, los siete hombres permanecerán en prisión preventiva.
