Fueron 96.000 soles los que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) designó el pasado 8 de abril para la defensa de Dina Boluarte cuando era ministra de la cartera, luego que la Fiscalía abriera una investigación en su contra por presuntos favorecimientos de contratos de Qaliwarma a la empresa Corporación Belcen SAC por 4 millones 700.000 soles.
Según el documento al que La República tuvo acceso, se aprobó la contratación directa de una persona natural "profesional especializado, en materia de derecho penal, derecho procesal penal y derecho público, para la defensa y asesoría legal, a favor de Dina Boluarte Zegarra, en su condición de exministra de Desarrollo e Inclusión Social, en la investigación preliminar por la presunta comisión del delito contra la administración pública – negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado".
La propuesta presentada por Eduardo Barriga Bernal -actual abogado de Mateo Castañeda- fue seleccionada, con un monto total de 96.000 soles (cuyo pago se realizará en tres partes) y que incluye el costo del servicio, tributos y demás gastos relacionados. Cabe destacar que Mateo Castañeda fue también abogado de la presidenta Boluarte, pero pasó a ser investigado en el caso Waykis en la sombra, motivo por el que Barriga Bernal, es ahora su representante legal. Coincidentemente, también es defensa de la mandataria por el caso Qaliwarma.
La Fiscalía de la Nación investiga a Dina Boluarte por presunta corrupción -durante su gestión en el Midis- en el programa Qaliwarma, en el cual se le acusa de haber favorecido a la empresa Corporación Belcen SAC, propiedad de Williams Beltran Cenzano y Cluteldo Beltrán Salinas. Este último es hermano de Eduvigis Beltrán, señalado por la profesora Maritza Sánchez Perales y el exasesor presidencial Henry Shimabukuro, como aportante a su campaña electoral a la Vicepresidencia de la República en la plancha de Perú Libre con Pedro Castillo Terrones como presidente.
Según tesis fiscal, la empresa Corporación Belcen SAC adquirió la provisión de alimentos por un monto de 4 millones 700.000 soles bajo el supuesto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, donde Boluarte habría actuado de manera indebida al influir en estas contrataciones.
El 26 de agosto de este año, la jefa de Estado acudió a la sede del Ministerio Público para declarar en el marco de la investigación relacionada con el caso Qaliwarma. Durante esta declaración, Boluarte respondió a 45 preguntas formuladas por la procuradora del Estado, María Caruajulca Quispe. Su abogado, Juan Portugal, recalcó que, según la normativa, Dina Boluarte solo estaba obligada a responder las interrogantes del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Recientemente, el Poder Judicial ha fijado para el miércoles 23 de octubre a las 10:00 de la mañana la audiencia de control del plazo de esta investigación.
