Mediante una entrevista en RPP el 12 de octubre, Aldo Vásquez, miembro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), advirtió que el último texto sustitutorio aprobado el miércoles 9 de octubre limita significativamente las posibilidades de que altos cargos públicos, como jueces de la Corte Suprema o el Contralor General, puedan impugnar inhabilitaciones o remociones Aunque sus demandas serían admitidas ante los jueces, ahora necesitarían unanimidad para tener éxito, lo que no ocurre actualmente. Además, los jueces no podrían dictar medidas cautelares, lo que volvería ineficiente el recurso de amparo, diseñada para la restitución urgente de derechos.
El pleno del Congreso, el pasado miércoles 9 de octubre, aprobó en primera votación un dictamen de la Comisión de Constitución que modifica más de diez artículos del Nuevo Código Procesal Constitucional. Esta reforma reducirá de cinco a cuatro los votos necesarios para que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva demandas competenciales y procesos cautelares. Aldo Vásquez advirtió que, además de afectar al TC, esta modificación también limitará las acciones de los jueces, lo que convertiría este recurso "en un mero formalismo."
"En realidad, se trata de un paquete de modificaciones en relación al Código Procesal Constitucional. Hay que decir que el proyecto inicial era absolutamente nefasto porque obligaba a los jueces a rechazar cualquier demanda de amparo que pudiese presentarse contra el Congreso de la República respecto de eventuales vulneraciones de derechos fundamentales. Sin embargo, creo que con buen criterio, hay que reconocerlo, el proyecto sustitutorio ha modificado esa pretensión, sin embargo, sigue siendo grave", manifestó el miembro de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez.
"Con el último texto sustitutorio que ha sido aprobado el miércoles, se limita enormemente cualquier posibilidad de que un alto cargo público, un juez de la Corte Suprema, un fiscal supremo, el presidente del Banco Central de Reserva, el Contralor General de la República, los propios miembros del Tribunal Constitucional, si es que fuesen alguna vez objeto de una inhabilitación, de una remoción como se ha intentado en nuestro caso, si acuden a los jueces sí sería admitida su demanda, pero se requeriría ahora una votación calificada de unanimidad para tener éxito, cosa que no ocurre actualmente. No podrían los jueces dictar medidas cautelares, lo cual hace ineficiente el recurso de amparo, porque el recurso de amparo es un recurso de urgencia para la restitución de un derecho", indicó en diálogos con RPP.
Asimismo, señaló que "cualquier alto cargo público podría ver vulnerados sus derechos ante una decisión arbitraria del Congreso, y no podrían ser restituidos durante años"; incluso, "teniendo una sentencia a favor, esta no se ejecuta inmediatamente sino hasta que se resuelva la apelación."
El Congreso aprobó una ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional, beneficiando su posición en una demanda competencial pendiente ante el Tribunal Constitucional (TC) relacionada con la permanencia de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez. El dictamen recibió 70 votos a favor de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Acción Popular, Bloque Magisterial, Avanza País y Somos Perú. Antes de esta decisión, el vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, presentó una reconsideración para volver a votar el proyecto, que en la primera votación solo había obtenido el respaldo de 64 parlamentarios. Esta reconsideración fue aprobada con 72 votos a favor, tras conversaciones con los congresistas de Acción Popular, Elvis Vergara y Luis Aragón.
