La escasez hídrica en la Región de Coquimbo llegó a su punto más crítico a principios de 2024: siete de sus embalses tenían menos de un 20% de su capacidad y el Cogotí, ubicado en la provincia del Limarí, fue el primero en quedarse sin agua.
Pese a las lluvias, las condiciones a lo largo del año no cambiaron. Según el Balance Hídrico del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que dio a conocer en septiembre de 2024, la situación más delicada está en las cuencas del Elqui y Limarí, donde los embalses registran menos de un 50% de acumulación de agua.
Así, de los ocho embalses que monitorea la Dirección General de Aguas (DGA) en Coquimbo sólo hay un 16% de agua almacenada, es decir 206 millones de m3 de un total de 1.325 millones de m3.
Además, desde el Centro de Estudios Áridos (Ceaza) de la Región de Coquimbo sostienen que la zona experimenta un proceso de desertificación que se extenderá a largo plazo, el que no se va a revertir con las precipitaciones.
Por ello, el centro científico señala que el término que se debería ocupar es desertificación ya que el concepto sequía “no abarca la magnitud, espacialidad y temporalidad de la situación climática que afecta a la región”.
Frente a esta situación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se desplegó en terreno en la Región con el objetivo de realizar un informe que aborde el derecho de acceso al agua y las vulneraciones que viven los habitantes de la zona debido a la prolongada escasez hídrica.
La dirección nacional del INDH y su sede regional visitaron distintos sectores de la zona, principalmente, de la provincia del Limarí, además de reunirse con actores claves de la población con quienes conversaron sobre los problemas aparejados a la sequía.
Al respecto, la jefa regional del INDH de Coquimbo, Tarcila Piña, afirmó que “dentro de las conversaciones que hemos tenido con distintos actores acá en la región nos han podido manifestar sus inquietudes por la entrega de agua vía camiones aljibe. Nosotros también manifestamos la preocupación en cuanto a que la entrega no es la adecuada respecto a cantidad, ya que se entrega 50 litros por persona, mientras que para que exista una real satisfacción de la necesidad humana deberían ser 100 litros”.
“También hemos detectado graves violaciones a los derechos humanos que existe en relación con otros derechos que son interdependientes del derecho al agua, como por ejemplo, la vida, la salud física y la salud mental de las personas que tienen una angustia y una preocupación por la falta, tanto de la cantidad del agua potable, como también por su calidad”, añadió.
Respecto del trabajo del INDH en la Región, la diputada (PC), Nathalie Castillo, sostuvo que es importante que se vea la sequía como una cuestión multidimensional, que no es solamente garantizar el derecho humano al agua, sino el resguardo todos aquellos derechos que han sido conculcados para el campesinado, hablamos de salud, de vivienda, de enrolamiento de caminos, entre otros.
“Creemos que el INDH al tener la capacidad de hacer un levantamiento, por ejemplo, de la política rural que tenemos en la Región de Coquimbo, dé recomendaciones claras al Estado de Chile, principalmente, al Gobierno central para que se generen políticas que sean de largo plazo y dejar de lado la política del voucher, que es la que está imperando en nuestro país para poder paliar la sequía. Verlo con una mirada y perspectiva de futuro, de sustentabilidad, pero por sobre todo escuchando a los campesinos y campesinas”, aseguró.
Por su parte, la diputada (FA), Carolina Tello, aseveró que “nos parece que existe un consenso claro sobre lo preocupante que es la situación en la región, en especial, en los obstáculos que han enfrentado durante años las comunidades de los sectores interiores de la zona para acceder a algo que es un derecho básico como es el agua para consumo humano”.
“Presentamos nuestra preocupación al INDH por casos donde la calidad del agua ha sido cuestionable y representa un riesgo para la salud de las personas, en especial, en sectores aledaños a actividades mineras. Esperamos que el informe recalque la relevancia de que es una obligación del Estado garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental entendiendo que existen comunidades que hoy se enfrentan a un futuro muy crítico”, subrayó.
El Presidente Gabriel Boric en la presentación del proyecto de presupuesto para el 2025 anunció en materia de inversión pública la construcción de una desaladora estatal para la Región de Coquimbo, esto con el objetivo de enfrentar la sequía que afecta a la zona.
Además, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, señaló en septiembre al presentar el Balance Hídrico que desde el ministerio están desarrollando un conjunto de medidas y obras en la región, que contemplan las cuencas de Elqui, Choapa y Limarí.
“En paralelo, durante el último trimestre de este año vamos a licitar la construcción de una planta desaladora concesionada para Coquimbo – La Serena, además estamos estudiando la ubicación y trazado para una desaladora de emergencia para Limarí”, agregó.
Asimismo, la diputada Castillo afirmó que “desde la Comisión de Recursos Hídricos hemos realizado diversas modificaciones al Código de Aguas, pero también se han entregado algunas competencias importantes a la DGA, MOP, a la Dirección de Obras hidráulicas para que puedan tomar decisiones como la búsqueda de nuevas fuentes hídricas, que sean de construcción del Estado y de su propiedad del para garantizar el derecho humano al agua”.
“Principalmente, porque la situación es extrema, no tenemos agua. Lamentamos también que no existan políticas que estén acorde a las condiciones que plantea la Organización Mundial de la Salud, ya que hablamos de familias que están recibiendo 50 litros de agua por persona al día y esa condición no es lo óptimo que tiene que tener el ser humano para poder sobrevivir en condiciones adversas respecto de la sequía”, recalcó.
En tanto, la parlamentaria del FA, Carolina Tello, valoró el anuncio del Presidente Boric sobre la construcción de una planta desaladora en la región.
“Sabemos que esto debe ir acompañado de la protección de nuestras cuencas, de garantizar el acceso a las comunidades rurales y también en seguir trabajando en la fiscalización, en especial, para resguardar que el acceso privilegie a las comunidades de los valles de la región”, añadió.
En ese sentido, la diputada hizo hincapié en que “acá hablamos de un escenario donde la sequía golpea de forma terrible desde hace años y precisamente en estos sectores las comunidades conviven con actividades productivas que utilizan una cantidad relevante del recurso hídrico”.
“Sabemos que pese a que en este Gobierno hemos avanzado en materia de Código de Aguas, reutilización de aguas grises y en simplificar los procesos para la construcción de obras ligadas a recursos hídricos, aún hay mucho por hacer para poder garantizar este acceso de manera universal y con equidad territorial”, enfatizo.
