Un informe de la Cámara autonómica revela el interés de Eduardo Beut, nombrado por PP y Vox, por acceder al documento enviado por María Luisa Cuerda
El director valenciano de Antifraude derogó el código ético de la entidad tras saber que había sido denunciado
Eduardo Beut, director de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) nombrado por el PP y Vox, pidió al Parlamento autonómico, al que está adscrito el organismo, el escrito remitido por la presidenta del Comité de Ética en el que María Luisa Cuerda, catedrática de Derecho Penal de la Universitat Jaume I de Castelló, alertaba de que se habría vulnerado el principio de confidencialidad del buzón de denuncias de asuntos internos al derivarlo a otro departamento general donde tienen acceso personas no autorizadas anteriormente, con el consiguiente peligro para los denunciantes. Así se desprende de un informe elaborado por un letrado de las Corts Valencianes, al que ha tenido acceso este diario, que indica que Beut solicitó una “copia” del escrito de María Luisa Cuerda.
El director de Antifraude derogó el Código Ético de la institución y eliminó el Comité de Ética, un órgano externo que investiga las denuncias internas en la agencia y que se creó con la intención de fiscalizar al fiscalizador y que estaba formado, además de por un trabajador de la AVA elegido por el propio personal, por tres expertos externos de reconocido prestigio (la propia Cuerda, el también catedrático Manuel Villoria, el letrado Antonio Penadés).
Beut tomó la decisión de eliminar tanto el código como el comité ético tras conocer que habían sido denunciadas “graves infracciones éticas” que supuestamente le afectaban, relacionadas con presuntas incompatibilidades por el hecho de haber presidido la Federación de Empresas de la Comunitat Valenciana de Contratistas de Obra de la Administración, de la cual formaban parte empresarios que se han visto salpicados por causas en las que Antifraude ejercía de funciones de auxilio judicial con informes periciales.
Sin embargo, el informe del letrado de la Cámara autonómica concluye que, al estar la agencia adscrita a las Corts Valencianes, tal como dispone “expresamente” su ley de creación, la “información pública” que contiene el escrito de María Luisa Cuerda puede “subsumirse” en un “ámbito de actuaciones que puede ser objeto de control parlamentario” por parte de la comisión parlamentaria que trata los asuntos relativos a la AVA.
La nota del letrado, firmada el pasado 7 de octubre, considera que “no concurre ninguna limitación de acceso a la información pública” en el escrito de la expresidenta del Comité de Ética ni “causa alguna” que pudiera justificar la inadmisión de la petición de Beut.
“Ha de dejarse constancia, así mismo, de que la existencia e incluso el contenido de dicho [escrito] han sido divulgados en diversos medios de comunicación y por tanto la información contenida en el mismo puede considerarse ya de dominio público”, apostilla el letrado.
En un informe jurídico anterior, del pasado 3 de octubre, el letrado concluyó que no corresponde a las Corts una valoración o un análisis jurídico ni de la aprobación del Código Ético, por parte del anterior director, Joan Llinares, ni de su derogación por parte de Eduardo Beut. El informe destaca que la ley que creó la agencia en 2016, en la primera legislatura del Pacte del Botànic, no asigna a la cámara “potestad genérica, ni tampoco específica” para “intervenir, autorizar, dirigir, aprobar, ni tutelar las decisiones que pueda adoptar” la dirección de Antifraude.
“Tampoco se regula una vía procedimental específica para que las decisiones que se adopten por los órganos competentes de la Agencia puedan ser impugnadas ante los órganos de gobierno de las Corts, ni se asigna a los órganos de las Corts potestad alguna de enjuiciar la oportunidad o la juridicidad de aquellas decisiones, suspender su ejecución, modificarlas, revocarlas o anularlas”, agrega el informe.
El letrado de la cámara destaca la “plena independencia” de la Agencia Antifraude respecto de cualquier administración e institución de la Generalitat, incluyendo el Parlamento autonómico.
