La vida de Ana cambió drásticamente cuando decidió actuar en contra de su abusador. La paramédica y bombera de 43 años sufrió un abuso sexual en la antigua Estación Central de Bomberos, perpetrado por un compañero.
Los hechos ocurrieron el 2 de agosto del 2018, pero la situación llegó a los tribunales en setiembre del 2023.
Aquel día de agosto, Ana se encontraba con un compañero revisando el equipo hidráulico de una unidad. En un momento dado, le informó de que unas mangueras podrían dañarse si continuaban cerca de unas herramientas.
Como ella tenía las manos más pequeñas, le resultaba más fácil hacer el cambio, así que se acostó en el estribo, boca arriba, y comenzó a aflojar las arandelas con las manos. En un momento le pidió al compañero que le alcanzara las herramientas necesarias para continuar.
En ese instante, otro de sus compañeros –de apellido Murillo– se le colocó encima, le sujetó los brazos con las piernas y, con sus manos, tocó y apretó los senos de Ana mientras se reía. Todo esto ocurrió frente a otros funcionarios.
“Él se seguía riendo, había una media luna de bomberos que no conozco. Cuando me suelta, me seco las lágrimas y busco a un encargado para decirle, pero viene y me agarra de costado, me abraza, estripa los senos y dice: ‘relájese y disfrute, que usted no va a hacer, ni decir nada’”, narró Ana ante el tribunal.
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Tras el abuso, Ana buscó ayuda en sus superiores, pero no obtuvo respuesta. Según manifestó, y quedó reflejado en la sentencia, fue llamada sin aviso a una reunión en la que debía contar lo ocurrido frente a un sindicato y un comité de transparencia.
En la reunión también estuvo Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, quien, según Ana, en repetidas ocasiones le pidió no denunciar “para no dañar la imagen de la institución”.
“Me hicieron subirme en la mesa para demostrar cómo (el bombero) me manoseó, eso lo hicieron en varias ocasiones”, aseguró.
Después se enteró de que otra compañera también había sido víctima de abuso y que lo había cometido el mismo hombre.
Aunque esperaba apoyo de la administración, el sindicato y el comité, este nunca llegó. En lugar de ello, Ana debía continuar trabajando junto a su agresor, mientras recibía advertencias de sus jefes para que no presentara una denuncia penal.
Luego, se celebró una audiencia interna en la que se emitió un oficio para que Ana no trabajara junto a Murillo, quien fue suspendido por cinco días. Sin embargo, según Ana, la prohibición no fue respetada, ya que la obligaban a trabajar en el mismo horario que el bombero.
“Así fue durante cuatro meses. Sentía que se me caía el mundo”, comentó en una entrevista.
Después pasó de trabajar todo el mes a solo tres días al mes. “A veces solo ganaba ¢50.000 por mes, lo hacían para que me largara, pero siempre me quedé”, afirmó. Además, relató cómo sus compañeros la rechazaban en el comedor, en apoyo a Murillo.
Además de las amenazas y la falta de nombramientos, Ana comenzó a recibir llamadas de números desconocidos en las cuales le decían que no debía denunciar penalmente. Días más tarde fue acusada de consumir drogas y clonazepam, lo que llevó a que la suspendieran por ocho meses.
Sin embargo, Ana logró que el jefe de batallón la reinstalara y comenzó a trabajar como maquinista en Tibás.
Fue entonces que contactó a la encargada de recursos humanos para solicitar la devolución de su interinato, pero le respondieron que no cumplía con los requisitos de bachillerato, licencia B1, ni pruebas físicas, a pesar de que ella afirma tener licencia B3 y está por terminar su segunda carrera universitaria.
Un día de febrero del 2021, al llegar a trabajar, sus compañeros le informaron de que ya no laboraba ahí, hecho que –según dijo– le fue comunicado por correo electrónico. Ana llamó a recursos humanos, pero no obtuvo explicaciones.
El motivo por el que no denunció penalmente el caso mientras estaba en la institución fue porque le dijeron que no podía llevarse un proceso administrativo y judicial al mismo tiempo. Sin embargo, tras dejar de ser nombrada, se informó mejor y decidió presentar la denuncia en el Ministerio Público en junio del 2022.
Durante el proceso judicial, Ana quedó embarazada, pero dos días antes de la cesárea su bebé falleció, aparentemente debido a un aumento de presión en la madre.
El caso llegó a juicio en setiembre del 2023 y Murillo fue declarado culpable de abuso sexual. La sentencia quedó en firme en junio del 2024, tras ser desestimada la apelación presentada por la defensa del bombero.
El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José –compuesto por las juezas Jessica Hernández, Lorena Blanco y Virginia Valverde– encontró pruebas suficientes para acreditar el abuso sexual en su modalidad agravada, ya que el agresor inmovilizó a Ana para cometer el delito.
“A pesar de la negativa manifiesta de la ofendida, continuó tocando sus senos, sin importarle el deber de respeto que como compañera y mujer merecía la ofendida”, destacó el Tribunal.
Murillo fue condenado a tres años de prisión, pero recibió el beneficio de ejecución condicional de la pena.
Esto significa que quedó en libertad, pero con la advertencia de que si en los próximos tres años comete otro delito doloso, se le revocará este beneficio y deberá cumplir su condena en prisión.
A pesar de encontrar justicia en los tribunales, Ana no recuperó su espacio en Bomberos, que tenía desde el 2015, lo que le ha causado crisis económicas, emocionales y psicológicas.
“Vivo en una depresión terrible, no lo voy a tapar con un dedo, porque me siento hecha una basura”, afirmó.
La paramédica expresó su deseo de volver al Cuerpo de Bomberos, vocación que le nació desde niña al ver trabajar a su padrastro.
Sin ingresos estables, Ana continúa su lucha para regresar Bomberos. Afirma que conoce a más de 10 mujeres que también fueron víctimas de abuso en la institución. Además de ella, solo una tomó acciones legales.
Así como acudió al Ministerio Público, Ana también presentó una denuncia ante el Instituto Nacional de Seguros (INS), pero afirma que, hasta la fecha, no ha obtenido respuesta. Además, buscó ayuda psicológica en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), pero dice que no recibió el apoyo solicitado.
Consultado por este medio, el INS no ofreció respuestas sobre la investigación en curso. Por su parte, el Inamu reconoció que Ana figura en sus registros, pero no proporcionó información adicional por confidencialidad.
Este medio envió una serie de preguntas al Cuerpo de Bomberos sobre el caso de abuso, enfocadas en el manejo que se hizo del tema, las acciones tomadas respecto a Murillo, la investigación de las supuestas amenazas realizadas por las jefaturas, la falta de notificación del caso a la Defensoría de los Habitantes, la terminación de los nombramientos de Ana y los documentos que respalden las acusaciones de drogadicción en su contra.
También se solicitó información sobre las políticas del Cuerpo de Bomberos en casos de abuso sexual y las medidas implementadas para proteger a las víctimas para que puedan denunciar sin temor a represalias. Sin embargo, al cierre de edición no se recibieron respuestas.
Ante una consulta de Ana, de la cual este medio tiene copia, la Defensoría de los Habitantes confirmó que no se recibió, por parte del Cuerpo de Bomberos, la información relacionada con el abuso.
Esta información debió haber sido notificada a la Defensoría en el momento de la denuncia administrativa, la cual Ana presentó un día después de sufrir el abuso.
La abogada penalista Amanda Segura afirmó que se trata de una desobediencia jurídica. “Incumplieron en avisarle a la Defensoría. Al ser una institución pública, estaban obligados a hacerlo, y eso está en el artículo 7 de la Ley de Hostigamiento”, aseguró.
Por otro lado, la abogada explicó que no hubo ilegalidad en la decisión de Bomberos de dejar de nombrar a Ana abruptamente, ya que el fuero de protección a víctimas y testigos ya estaba vencido para ese momento, en febrero del 2021.
Esto se debe a que el hombre fue denunciado internamente en agosto del 2018 y sancionado, aparentemente, con cinco días de suspensión en noviembre del mismo año. “Una vez terminado el proceso administrativo, podían despedirla, y eso fue lo que hicieron”, agregó.
El fuero también habría sido válido si la víctima hubiera tenido en curso una denuncia penal contra Murillo. Sin embargo, al momento de su despido, aún no había presentado la denuncia penal.
Ana reconoció que, al igual que ella, otras personas que fueron testigos en el procedimiento administrativo por el abuso, también fueron separadas de sus funciones.
Respecto a la sentencia y a la resolución de las juezas, Segura afirmó que el caso fue manejado de manera adecuada y que la decisión final fue beneficiosa para Ana.
Asimismo, enfatizó en la necesidad de una buena comunicación interna para que las víctimas de abuso conozcan los pasos a seguir para presentar una denuncia. También subrayó la importancia de garantizar que los casos de los funcionarios sean remitidos a la Defensoría de los Habitantes.
“Los órganos, al ver que no solo se trata de hostigamiento, sino que también es posible una denuncia penal, deben informar a la víctima que puede interponer ambas denuncias al mismo tiempo”, añadió.
Otro aspecto crucial, dijo, es la protección de los testigos y el cuidado extremo para evitar la revictimización de la persona afectada. La abogada también destacó que, aunque en el caso de Murillo hay una sentencia condenatoria, esto no implica necesariamente que deba ser despedido, ya que en su trabajo recibió la sanción correspondiente al caso.
“Las jefaturas no deben permitir un ambiente hostil, y debe haber un seguimiento externo al Cuerpo de Bomberos para garantizar que esto se cumpla. Para mí, imponer sanciones tan absurdas como cinco días de suspensión, que terminan siendo casi como vacaciones para el agresor, no es proporcional a un abuso sexual”, agregó.
La penalista subrayó que este tipo de sanciones solo generan un ambiente de impunidad y que los agresores sexuales reciben el mensaje de “siga haciéndolo, que no pasa nada”.
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