Si tuviera que señalar tan solo una de las debilidades de este gobierno, sería su poca rigurosidad legal. No sé si responde a la carencia de asesores. El último ejemplo: la solicitud de la Sala Constitucional a la presidencia para que le abran un proceso administrativo al jerarca del MOPT por no acatar varias resoluciones.
Con tantos problemas que tiene el país, un error que no es material, como es el mal señalamiento para notificaciones, que además es inaceptable, demandó recursos de la Sala y expuso a la presidencia. A eso se suma la reacción del jerarca, que deja mucho que desear pues, a una notificación personal con plazo perentorio, realizada el 20 de agosto, respondió hasta el 1.º de octubre, lo que evidencia la poca importancia del ministro del MOPT a la solicitud del Poder Judicial.
Pero vamos al problema de fondo, y lo digo como abogada, un error de esta magnitud, como lo es dar una dirección errada para notificaciones en un ministerio que maneja todas las negociaciones de construcción y mantenimiento de carreteras, puertos y aeropuertos, y concesiones de transporte, podría significar en situaciones similares pérdidas millonarias para el Estado.
Es bueno repetirlo y explicarlo: el mal señalamiento de lugar para oír notificaciones, hecho por el responsable legal, implica correr el riesgo nada menos que de la pérdida de plazos perentorios, por ejemplo para ejercer recursos de defensa, presentación de excepciones o apelaciones, donde todas son la base de la defensa de la institución y su peculio. Si esto sucede en materia penal, podría significar para un imputado que no cumpla una citación la revocatoria de su excarcelación o la pérdida de beneficios carcelarios. Grave, indiscutiblemente.
Y este es tan solo uno de los desaciertos jurídicos de una administración que insiste en presentar y hacer perder tiempo al Legislativo y a la Sala Constitucional, proyectos con inconstitucionalidades evidentes que cualquier estudiante de Constitucional I podría señalar y que terminan frenados por medidas cautelares en los tribunales contenciosos, y la madre de todas las pifias, las leyes jaguar 1 y 2 que, pese a todas las advertencias, la administración insistió en tramitar dejando solo pérdidas de tiempo y recursos para el país.
nmarin@alvarezymarin.com
La autora es politóloga y miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.
