Ningún diputado incurre en deuda por ejercer el control político. En consecuencia, nadie está legitimado para “cobrarle”. Insinuar lo contrario es una negación del parlamentarismo y los valores democráticos. Puede ser, también, un ilícito dependiendo de las circunstancias.
El ordenamiento jurídico de las democracias modernas, incluida la nuestra, se esmera para garantizar la libre expresión de los diputados y el ejercicio independiente de sus funciones, sin presiones indebidas. La ley los libra de responsabilidad por sus expresiones en el parlamento y les concede inmunidad para impedir el entorpecimiento de su desempeño.
Por eso, debe preocuparnos el testimonio de Vanessa Castro, Francisco Nicolás, Ariel Robles y Sofía Guillén sobre la advertencia recibida de la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, en cuanto a la posibilidad de “pasarles la factura” tras la comparecencia del fiscal general, Carlo Díaz, y la aprobación de una moción para investigar si existen vínculos entre el gobierno y el crimen organizado.
Alexander Barrantes, también de la bancada oficialista, reiteró en el plenario que las acciones de los opositores “se las van a cobrar”. Los dos legisladores del gobierno dijeron estarse refiriendo al pago de un precio político en las urnas, pero los destinatarios de las admoniciones no lo interpretaron así.
La diputada Guillén preguntó, desafiante: “¿Quién me la va a cobrar y cómo?”. “Hemos recibido amenazas a nuestra integridad física durante mucho tiempo y yo quisiera entender por qué el oficialismo insiste en decirnos ‘se las van a cobrar’ cada vez que aquí se les cuestiona”, añadió.
“No voy a echarme para atrás jamás, pero como persona lógicamente me da temor”, especialmente “cuando ya me han pasado varias (facturas) y sin deber, que es lo peor”, dijo Vanessa Castro.
“Aquí hay más de cinco compañeros que han estado con protección policial… porque las amenazas han sido reales”, aseguró el liberacionista Danny Vargas.
Eliécer Feinzaig también pidió saber quién pasará la factura, porque el diputado Barrantes “tiene la costumbre de hacerse rodear de gente que participa en barras del público con violencia, con tonos amenazantes”.
El telón de fondo fue, precisamente, la comparecencia de Díaz para declarar sobre las maniobras para desprestigiarlo, una denuncia de seguimiento a él, al jefe del OIJ y a algunos magistrados, así como el financiamiento de una campaña de desprestigio contra él y la Sala IV.
Tantas protestas, de tantos diputados y de punta a punta del espectro político, además de un alto funcionario judicial, son para ponerse a pensar sobre el rumbo de un país que hasta ahora ha sabido resolver sus contradicciones en paz.
Armando González es editor general del Grupo Nación y director de La Nación.
