El martes, la justicia de Brasil restauró el acceso público en ese país a la red social X, propiedad del polémico magnate Elon Musk, luego de que esta depusiera su rebeldía y acatara las disposiciones emitidas, cinco semanas atrás, por el magistrado Alexandre de Moraes.
Las implicaciones del caso trascienden el ámbito brasileño, aunque sin duda la magnitud de su mercado y su importancia para X tuvieron mucho que ver con el desenlace. En esencia, se trata de la ratificación de la soberanía jurisdiccional de un Estado democrático frente a las pretensiones de extraterritorialidad de una gran empresa y los delirios de grandeza de su dueño.
El caso también se vincula con el ejercicio de la libertad de expresión en las redes. Sin embargo, no tiene que ver con su presunta violación, como lo han presentado Musk y sectores vinculados al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, sino con cuál debe ser, en democracia, el balance adecuado entre su ejercicio y la legítima regulación de las plataformas digitales.
El magistrado Moraes, actuando en nombre de la Corte Suprema, decidió bloquear el servicio de X el 30 de agosto, luego de que esta ignorara una orden para que excluyera una serie de cuentas sospechosas de difundir mentiras, desinformación y discursos de odio de forma sistemática que, según su apreciación, constituían un peligro para la democracia. Muchas de ellas eran operadas por partidarios de Bolsonaro, y algunas seguían cuestionando su derrota en las urnas, en octubre del 2022, e insistían en llamar a un golpe militar.
Previamente, la empresa había decidido cerrar su oficina en la ciudad de São Paulo y se había negado a mantener a la representante legal de sus operaciones en Brasil, algo requerido por la legislación. Tal decisión la fundamentó en que había sido amenazada con multas y un eventual arresto, precisamente por su negativa a cumplir con la orden de Moraes.
Fue ante esta doble rebeldía, acompañada por violentas críticas, burlas y veladas amenazas de Musk contra el magistrado, que este optó por la suspensión y, luego de que la compañía pretendiera burlarla habilitando “puertas traseras” digitales, la imposición de fuertes multas. El 2 de setiembre, un panel de la Corte Suprema avaló su decisión inicial.
Pese a su actitud desafiante, el tiempo les jugó en contra, y al fin X y Musk se plegaron ante la realidad jurídica y, sobre todo, comercial. La opción habría sido abandonar el mercado brasileño, de enorme importancia para la red, con alrededor de 22 millones de usuarios, quienes comenzaron a trasladarse masivamente a servicios competidores, como Bluesky y Threads.
Desde antes y durante la suspensión, el magnate y sus partidarios acusaron a Moraes de arbitrariedad y de atentar contra la libertad de expresión. En realidad, lo que hizo fue ejercer sus potestades en el marco del Estado de derecho. Ordenar el cierre de cuentas es, sin duda, una medida extrema; sin embargo, si sus usuarios traspasan los linderos de la libertad de difundir informaciones y opiniones y, más bien, las utilizan para generar odio y tratar de vulnerar procesos electorales, es legítimo acudir a ese tipo de decisiones, que, en democracia, sus afectados pueden objetar legalmente.
Las reglas eran conocidas. Si X y Musk consideraron que Moraes se había extralimitado al aplicarlas, lo que correspondía era cuestionar sus decisiones judicialmente, no entrar en rebeldía y suponer que, gracias a la fuerza de su plataforma y la celebridad mundial de Musk, podrían imponerse a la justicia del país.
Tal actitud contrasta seriamente con la docilidad demostrada por el magnate ante la censura en países como China, la India o Turquía, donde otras de sus empresas, como Tesla, SpaceX y su subsidiaria Starlink, desarrollan o pretenden desarrollar jugosos negocios. El supuesto apego “maximalista” de Musk a la libertad de expresión, en extremo selectivo, más bien parece ser una etiqueta desde la cual impulsar sus intereses económicos o, peor aún, difundir desinformación para impulsar causas o personajes políticos, muchos de ellos cuestionables.
La regulación de las redes es un ámbito de decisión política y social aún en construcción, pero cada vez más necesaria, en vista de la importancia de esas plataformas. De ahí la necesidad de desarrollar, desde los procesos democráticos y con garantías para las libertades públicas y el debido proceso, marcos legales que encuadren su funcionamiento. Lo sucedido en Brasil está lejos de ser una respuesta general, pero sí constituye un referente importante y bienvenido.
