En el Perú, a pesar de contar con una Constitución que promueve instrumentos de democracia participativa, estos se hacen impracticables por los altos requisitos legales. Por ello, los ciudadanos, en términos reales, nos encontramos atados de manos hasta las elecciones; sin embargo, mientras tanto, podemos exigir a la oferta electoral ciertas condiciones mínimas para que, en primera instancia, puedan captar nuestra atención y, eventualmente, nuestro voto.
Una de ellas, la cual considero debe ser la primera acción del próximo Congreso, es la derogación de al menos diez leyes aprobadas en este periodo parlamentario que han beneficiado intereses particulares en detrimento de la lucha contra la seguridad ciudadana, la educación y la democracia.
Este decálogo de normas a derogar comienza con las economías ilegales y el crimen organizado: (i) la ley antiforestal (n.º 31973), que facilita la tala ilegal, promoviendo actividades agrícolas en zonas forestales; (ii) la ley que beneficia a la minería ilegal (n.º 31989), que impide la incautación de materiales usados para estos fines; y (iii) la ley Soto (n.º 31751), que reduce los plazos de prescripción de delitos, lo que favorece la impunidad.
Además, a este asunto se suman (iv) la ley que favorece al crimen organizado (n.º 32108), que excluye de su aplicación delitos como la extorsión y la estafa agravada; y (v) la ley que debilita la colaboración eficaz (n.º 31990), que impone plazos que dificultan la persecución de delitos complejos.
En cuanto a la educación, urge eliminar (vi) la ley contrarreforma universitaria (n.º 31520), que sustituyó el modelo de concurso público en la Sunedu por uno basado en representantes (ANR 2.0); y (vii) la ley que otorga licenciamiento permanente a las universidades (n.º 32105), que eliminó los controles periódicos de los estándares mínimos de calidad de estos centros educativos.
Por su parte, para la defensa de la democracia, es fundamental derogar (viii) la ley procúpulas partidarias (n.º 31981), que dejó sin efecto las PASO y permite la designación de candidatos a dedo; (ix) la ley del desequilibrio entre poderes (n.º 31355), que sostiene que el Congreso debe tener la voluntad de ser disuelto; y (x) la ley del despacho remoto (n.º 31810), que nos deja sin gobernante durante las ausencias presidenciales.
Cuanto más próximos estemos de las elecciones, los políticos y sus partidos vuelven a acercarse a la ciudadanía, lo que nos da una oportunidad para colocar una agenda pública y que los candidatos asuman compromisos. Por ello, considero que la primera pregunta que debemos hacerles es: y tú, ¿derogas el decálogo?
