Un fuerte debate generó en su momento el proyecto de ley que permitía dar libertad de caza a los llamados “perros asilvestrados”, tras el aumento de ataques a la fauna silvestre en zonas rurales, al ganado y a las propias personas. Aunque dicha iniciativa, presentada por la oposición, fue rechazada, el problema persiste en Chile y la necesidad de una solución se vuelve urgente.
Es por ello que un grupo de diputados y diputadas presentó un nuevo proyecto de ley para tratar y controlar los ataques de perros. El foco, sin embargo, es distinto al anterior. “Es relevante dar cuenta de que la mayoría de los perros que atacan a ganado, humanos y fauna y flora silvestres tienen un tutor”, sostiene el texto que modifica la Ley 21.200.
En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada Gael Yeomans (FA), miembro de la mesa técnica que discutió esta nueva normativa, resaltó las diferencias en comparación con la rechazada en abril pasado. “Luego de hablar con expertos de la COLMEVET Y AMEVEFAS entendemos que muchos de los animales que atacan fauna silvestre y humanos son perros que tienen o tuvieron dueños, mientras que el proyecto previo supone que éstos son perros sin dueños y cuya naturaleza cambió al estar libres”, explicó la legisladora.
“Considero que el proyecto anterior estaba mal planteado, dado que permitía la caza de perros por civiles sin una regulación muy clara, lo que podía tener efectos contraproducentes. Con este proyecto buscamos ir a la raíz del problema, que es el abandono de perros”, evaluó, en alusión a la reforma a la conocida “Ley Cholito”.
Estas reformas, indica el texto, incluyen: el uso obligatorio de microchip, que permitirá una mejor identificación de los dueños, una mayor énfasis en la educación al abandono y una serie de multas que sancionan la falta de marcaje, y el ataque de perros a animales a la fauna silvestre y animales de ganadería, “cuyos dueños además recibirán una compensación por parte del responsable legal del ejemplar que ataca”.
Al ser consultados por nuestro medio, la Fundación Derecho y Defensa Animal se mostró a favor en líneas generales respecto de este nuevo proyecto. “Lo valoramos muy positivamente”, partió señalando Mayra Cabezas, integrante de la comisión legislativa de la organización. “Porque se establece una multa para aquellas personas que no identifiquen correctamente a sus mascotas. Es una forma de que las personas se tomen esto de la tenencia responsable mucho más en serio”, complementó.
El uso del microchip es apuntado como una modernización necesaria dentro de las nuevas propuestas para combatir el problema. “Ahora mismo si una persona quiere abandonar a un animal, es muy fácil que luego no se pueda identificar a quien lo abandona”, señaló al respecto la diputada Yeomans.
“Si la identificación se realiza a través de un collar, es tan fácil como sacárselo para que no se pueda ubicar al responsable legal. Luego nadie se debe hacer cargo de los perjuicios que pueda causar a la comunidad y no se puede multar a quien es responsable por el abandono. El microchip es un mecanismo más efectivo de identificación y seguimiento”, defendió la iniciativa la parlamentaria.
Sin embargo, a pesar de la valoración positiva, Cabezas apunta contra la ausencia tanto en la legislación actual como en la iniciativa presentada de menciones a “la esterilización obligatoria”. “Definir bien en qué consistiría, qué se podría agregar a la Ley de Tenencia Responsable. Porque lo que se menciona en la Ley 21.020 a propósito de lo que es criaderos es muy vago”, mencionó.
“Se dice que debe existir un registro de los criaderos de cada comuna, pero en realidad ese registro no existe”, sostiene, asegurando además que una manera efectiva de disminuir la cantidad de perros libres es a través de operativos de esterilización.
Para la diputada Yeomans en tanto, la legislación actual falla en dos aspectos: implementación y conceptualización. “Vemos que hay problemas de implementación cuando Fiscalías o Carabineros no ayudan en la fiscalización de perros maltratados que deben abordar las municipalidades o la falta de financiamiento que tienen estas últimas para cumplir con sus obligaciones”, argumenta respecto del primer fallo.
“Por otra parte, la Ley Cholito tiene problemas de conceptualización, por ejemplo cuando define el concepto de “perros comunitarios”, que es una referencia ambigua que termina provocando que no hayan responsables legales claros detrás de esos perros”, aseguró la parlamentaria oficialista.
Este proyecto de ley define el concepto de perro en situación de librea deambular como “todo aquel que circule fuera del espacio destinado para su tenencia de forma temporal o permanente sin supervisión o control directo de seres humanos, independientemente de si tiene o no un tutor identificado”.
La diputada Yeomans explicó la razón para establecer este concepto tras la recomendación de los expertos que asistieron a la mesa técnica. “No existe sustento científico para categorizar un perro como asilvestrado, por lo que cambiamos el concepto y lo precisamos como perro en situación de libre deambular. Al final, incluso un perro con dueño puede estar en situación de libre deambular y los perros en esta situación se pueden convertir en amenazas para otros seres vivos”, detalló.
Para Mayra Cabezas, ahondó en la importancia de esta diferenciación que no existía en el proyecto anterior. “Nos encontramos con que en la práctica, una persona no iba a poder diferenciar un perro asilvestrado de uno que no lo fuera”, indicó la representante de la Fundación Derecho y Defensa Animal para este artículo.
“Se pretende agregar esta definición porque reconoce que no necesariamente este perro va a tener un tutor responsable. En cambio el perro comunitario es un perro que, si bien deambula por ejemplo por una villa, si tiene personas encargadas de su cuidado. Acá el perro en situación de libre deambular no necesariamente tiene un tutor”, complementó Cabezas.
Tanto como evitar una caza indiscriminada de perros, otro foco también está en la protección de la fauna silvestre y el ganado. En un seminario organizado en agosto de este año entre el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, se presentaron estadísticas que graficaban en más de 10.000 animales afectados por perros en situación de libre deambular en nuestro país.
En aquella instancia, el director nacional del SAG, José Guajardo Reyes, hacía énfasis en que “estos animales (perros) que muchas veces han sido abandonados y también sufren, representan a su vez un grave riesgo para la vida silvestre, el ganado y la salud pública, además de afectar el equilibrio de los ecosistemas”.
Según la diputada Gael Yeomans, la preservación de la fauna silvestre es una consecuencia de primero poner un freno a la situación de los perros libres. “Al limitar el libre deambular y el abandono estamos previniendo que estos animales, que normalmente son dóciles y amigables, se conviertan en una amenaza para la fauna silvestre”, aseguró.
Sin embargo, entendiendo que no será una solución efectiva en el corto plazo, sino que es más bien una medida a mediano-largo plazo, también se establecen otras propuestas. “Es necesario terminar con el libre deambular de los perros y removerlos de los espacios públicos en que puedan causar daño. En primer lugar, necesitamos instituciones robustas, con las suficientes herramientas y financiamiento que efectivamente remuevan a estos animales de espacios públicos y áreas protegidas”, expuso Yeomans.
“Y en segundo lugar, espacios a los que llevar a aquellos que no tengan dueños, lo que implica construir o habilitar refugios públicos. El objetivo es que estos sean espacios de reubicación de los animales a través de la adopción, con equipos veterinarios capacitados para controlarlos y re entregarlos a nuevos dueños. Es vital para que esto se concrete que exista colaboración de todos los niveles del Estado: gobierno central, gobiernos regionales y municipalidades”, sentenció la diputada.
