Fuerza Popular ha intentado colocar en la agenda pública una lista de propuestas para la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, en el actual Congreso el partido de Keiko Fujimori ya ha respaldado con sus votos siete leyes que debilitan la persecución del delito, incluyendo la ley 32108, que favorece al crimen organizado; la ley 31990, que deteriora la colaboración eficaz, y también la Ley Soto.
El apoyo fujimorista hacia estas cuestionadas normas se ha dado desde la etapa previa de aprobación de los dictámenes en las comisiones ordinarias. Los nombres de Martha Moyano o Patricia Juárez son una constante en los votos a favor de las propuestas polémicas que luego se convierten en ley.
Esta norma surge gracias a un proyecto presentado por Waldemar Cerrón, miembro de Perú Libre y aliado natural del fujimorismo. El texto fue dictaminado por la Comisión de Justicia, a cargo del cerronismo.
En este grupo de trabajo, Patricia Juárez, Martha Moyano y Jorge Morante, de Fuerza Popular, jugaron a la abstención. Es decir, no votaron a favor, pero tampoco lo rechazaron.
Ya en el pleno, en la sesión del 30 de mayo del 2024, el texto fue aprobado con 50 votos. Seis de estos votos fueron de los fujimoristas Rosángella Barbarán, Ernesto Bustamante, David Jiménez, César Revilla, Fernando Rospigliosi y Cruz Zeta.
En tanto, catorce miembros del fujimorismo optaron por el voto ambiguo de la abstención. Es decir, no expresaron su rechazo a esta norma.
Ya con posterioridad, y ante la demanda popular de derogatoria de la ley 32108 por favorecer al crimen organizado, Fuerza Popular se sacó la careta y ahora defiende frontalmente la norma, como si fueran los principales autores. Eso se notó con mayor énfasis ayer en el pleno del Congreso, con las intervenciones de fujimoristas como Patricia Juárez, Martha Moyano, Héctor Ventura o César Revilla.
Otra norma polémica y que no está en el mapa de las organizaciones movilizadas es la ley 31990, que debilita y acorta los plazos en los procesos que aplican la colaboración eficaz.
Este texto obtuvo dictamen en la Comisión de Justicia con votos de cuatro fujimoristas: Héctor Ventura, María Cordero, Cruz Zeta y Hernando Guerra.
Luego en el pleno, diez miembros de Fuerza Popular respaldaron la norma y once votaron en contra. Se trata de una práctica del fujimorismo de jugar al cálculo: cuando respaldan normas polémicas y no quieren asumir el costo político, lo hacen jugando a la abstención o el voto dividido.
La llamada Ley Soto (31751), que incentiva la impunidad mediante la modificación de los plazos de prescripción, tuvo el apoyo decidido de Fuerza Popular.
En la Comisión de Justicia votaron a favor Patricia Juárez, Martha Moyano y Hernando Guerra. En el pleno, Fuerza Popular apoyó con 17 votos.
Luego, el fujimorismo aportó con 20 votos en el pleno para sacar la ley 32104, que obliga a los jueces a aplicar Ley Soto.
Los seguidores de Keiko Fujimori también apoyaron con 21 votos la ley 32054, que excluye a los partidos de toda responsabilidad penal. Una ley con nombre propio, si tomamos en cuenta que Fuerza Popular formaba parte de la carpeta y acusación fiscal en el caso Cócteles.
A todo esto se suma la ley de impunidad 32107, promovida por Rospigliosi, para los delitos de lesa humanidad de los años ochenta y noventa, y la ley 31989, que impide a los policías incautar artículos ilícitos en la minería ilegal.
