La equiparación salarial de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional con los agentes de los cuerpos autonómicos vuelve a debatirse y votarse este martes en el Congreso. En concreto, se abordará esta cuestión gracias a una proposición no de ley (PNL) del PP, que permitirá medir el grado de apoyo del PSOE ya que los populares ya llevaron una iniciativa parecida a la Comisión de Interior en mayo y los socialistas votaron en contra. Sin embargo, la PNL salió adelante gracias al respaldo de PP, Vox y Grupo Mixto, además de la abstención de PNV y ERC.
La PNL que se debate y vota este martes en el Pleno del Congreso incluye cuatro puntos. El primer punto insta al Gobierno a "encargar un nuevo informe de consultoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con las Policías Autonómicas": en este sentido, el primer artículo del acuerdo de equiparación que firmaron sindicatos y asociaciones con el Gobierno del PP en marzo de 2018 recogía que la Secretaría de Estado de Seguridad "se compromete a contratar los servicios de una Consultoría Externa, que fije criterios objetivos de análisis para garantizar que los 807 millones de euros" que se presupuestaron "suponen la equiparación salarial total y absoluta" y, en ese estudio, se analizaría "las cifras de equiparación puesto a puesto" y se fijaría "las correcciones que sean necesarias".
En la exposición de motivos de la PNL, los populares recriminan al Gobierno que se ha tenido conocimiento de que Moncloa "despreció el informe inicial de la auditoría que suponía poner más dinero para la equiparación". y que incluso encargó uno nuevo que tuviera en cuenta las nuevas pretensiones del Gobierno de no seguir incrementando las cantidades necesarias para la equiparación real, total y absoluta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El segundo punto de la PNL insta al Ejecutivo a "ejecutar la cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación de 2018, para permitir el regreso a la vida activa de los policías y guardias civiles que se encuentran en situación administrativa de Segunda Actividad o de Reserva, reconociéndoles el derecho a la equiparación". En el tercer punto, se reclama al Gobierno que elabore "una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación con el resto de Policías del territorio español". Finalmente, el cuarto punto pide "proceder a los estudios y modificaciones legislativas oportunas, para aprobar la jubilación voluntaria anticipada a Policías Nacionales y Guardias Civiles".
