El Congreso le ha dado la espalda a los dirigentes transportistas que el jueves 10 se reunieron con los voceros de las bancadas para exigirles la derogatoria de la Ley 32108 sobre crimen organizado. Este viernes, durante una sesión extraordinaria del Pleno, el fujicerronismo y sus aliados salieron en defensa de esta norma y ratificaron que no darán marcha atrás.
Al cierre de esta nota, el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita (Perú Libre), pidió un cuarto intermedio para elaborar un nuevo dictamen sobre los diversos proyectos legislativos presentados por sus colegas para solo a modificar la Ley 32108, pero no para derogarla.
En la discusión en el hemiciclo las agrupaciones políticas que lideraron la defensa esta ley fueron Fuerza Popular y Perú Libre.
El legislador fujimorista Eduardo Castillo dijo que quienes demandan derogarla buscan "disfrazar el vandalismo como supuesto derecho a la protesta". Su colega naranja Martha Moyano alegó que esta norma no dificulta los allanamientos y su compañero de bancada César Revilla sostuvo que "si se deroga, se legalizan las marchas violentas".
La cerronista Kelly Portalatino refirió que esta ley jamás está quebrantando el factor sorpresa de los allanamientos. "No estamos engañando a la población". "La criminalidad es producto de los oenegeros y caviares", aseguró el perulibrista Américo Gonza Castillo.
A ese coro se sumó el congresista de Podemos Perú, Guido Bellido. "El responsable (de la inseguridad) es aquel sector político que ha premiado el ingreso ilegal de extranjeros al país. Eso no lo quieren reconocer. Y esos sectores políticos deberían reflexionar y pedir las disculpas al país".
En la oposición protestaron ante la intransigencia del fujicerronismo y sus aliados. "No hay duda de que esta ley es garantista para el delincuente, también para el delincuente de saco y corbata. Nosotros planteamos la derogatoria porque esta no permite los allanamientos como antes", aseguró el legislador de la Bancada Socialista, Alex Flores.
El parlamentario del Bloque Democrático Popular, Edgar Reymundo, protestó por las afirmaciones del fujimorismo contra quienes protestan contra la Ley 32108. "Me causa gracia cuando dicen que quienes piden la derogatoria están detrás de las mafias, entonces, ¿quiere decir que los transportistas son mafiosos? Entiendo perfectamente que Fuerza Popular, Perú Libre y sus aliados defiendan su ley, pero hay que hablar con sinceridad", enfatizó.
El legislador de Alianza Para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, dejó la dirección de la Mesa Directiva para intervenir en el debate e intentar marcar un punto medio. "Lo que proponemos es que reformemos para redefinir lo que se entiende por organización criminal. Además, el tema del allanamiento no puede estar sujeto al investigado. Tampoco puede estar sujeto a la presencia de un abogado", explicó.
Minutos antes de este debate el legislador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, solicitó que se incluya en el proyecto de ley sobre terrorismo urbano la iniciativa del Ejecutivo para que los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y la Policía Nacional del Perú (PNP) sean procesados en el fuero militar y policial en caso sean denunciados tras su accionar en los estados de emergencia.
Y, por su parte, el parlamentario de Perú Libre, José Balcázar, presentó un proyecto de ley para que los jueces, en vez de aplicar control difuso sobre las normas que colicionen con la Constitución, presenten demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC). Su colega del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, alertó los riesgos de esta iniciativa. "Los defensores de la Ley 32108 van por todo. Ahora quieren someter decisiones de jueces para que el TC, que eligieron mayoritariamente, decida", dijo.
