La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha asegurado este jueves que el ayuntamiento de la capital irá «de hoz y coz» contra la empresa encargada de la gestión de la red comercial de las tarjetas de transporte urbano Prepay Technologies S.A., ya que esta no ingresa desde hace meses la recaudación que obtiene por la venta y recarga de las tarjetas. El montante total del dinero que tenía que haber ingresado a la ciudad se acerca a los 900.000 euros. «Nos ha estafado casi 900.000 euros», ha puesto de relieve, al tiempo que ha denunciado que los problemas con Prepay no se han dado exclusivamente en Burgos, si bien «es el primer sitio donde han saltado» los problemas con esta empresa. En cualquier caso, ha confirmado que «ya han estado en contacto» con los ayuntamientos de Córdoba, Palma de Mallorca y Tenerife, donde también presta servicio. En este sentido, ha recordado que el ayuntamiento anunció este miércoles las medidas que se van a tomar al respecto en cuatro sentidos. Primero, ha precisado Ayala, «las medidas concursales para evitar que ese agujero se haga más grande , de forma que la recaudación esté protegida por el administrador concursal», recoge Ical. Segundo, ha añadido, «medidas para garantizar la prestación del servicio, que son las que más necesitan los ciudadanos para que no sufran ningún perjuicio en la prestación del servicio, de seguir teniendo las tarjetas para subir al autobús». En tercer lugar, las medidas penales: «Tenemos noticias de que ha habido incluso un cambio en el administrador de la empresa en los últimos meses», ha alertado. Y, en cuarto lugar, «se iniciará un procedimiento dentro del Ayuntamiento para saber exactamente qué es lo que ha pasado y para intentar que estas cosas no vuelvan a pasar». La edil de la capital burgalesa ha aseverado que el Ayuntamiento le va a dar «trascendencia penal» a esta «estafa» si bien ha apuntado que no sabe «si como un delito contra la hacienda pública, si como un delito de apropiación indebida, pero le vamos a dar trascendencia penal porque la tiene». «Porque aquí lo que ha ocurrido es que una empresa ha estafado al Ayuntamiento. A éste y a otro», ha recriminado. En esta línea, ha defendido que el equipo de Gobierno «llevaba un íter preparando todo este camino en cuanto hemos visto que esta situación estaba pasando». «El Ayuntamiento no se ha quedado mirando al sol y esperando a que alguien contara que esto sucede para tomar acciones. Y llevamos meses trabajando en dar una solución a una estafa que se ha producido al Ayuntamiento», ha afirmado. Así, ha insistido en que «lo que estamos haciendo es tomar las medidas para asegurar que ese servicio se preste» y «tomar las medidas penales que correspondan y que nos aconsejó el letrado municipal, que se sustanciarán en el momento en que el letrado cuente con todos los informes para acudir a fiscalía con esta cuestión». Además, Ayala ha manifestado que «paralelamente, también dentro del Ayuntamiento porque es evidente que ha habido un problema dentro del Ayuntamiento y tenemos que saber qué es lo que ha pasado». «Hay un problema y nosotros somos los últimos responsables. Por lo tanto, como responsables políticos que somos, obviamente tiene mucho que ver con los políticos», ha asumido. En este sentido, indicó que «de momento, lo que vamos a hacer es iniciar una investigación para saber qué es lo que ha pasado y dónde puede estar el fallo» porque, ha explicado, «esto no se trata de que cualquiera haya hecho una cosa que no debe o no haya hecho las cosas como debe, que está por ver qué es lo que ha pasado y todo eso, sino ver exactamente qué es lo que ha pasado para no volver a incurrir en el mismo tema». En este punto, advirtió de que «los primeros impagos» se produjeron con el equipo de gobierno del PSOE. «En mayo de 2023, es decir, en la legislatura anterior, se dejaron de pagar facturas. Y se dejaron de pagar porque ya había un problema. Y estas cuestiones vienen de antes. O sea, que esto es un problema que arrastra a distintos equipos de gobierno», ha añadido.
