Pedro Sánchez llegó ayer al Congreso de los Diputados junto a Pilar Alegría. Este tipo de gestos no se producen al azar y menos en un contexto como el actual. El presidente del Gobierno buscó trasladar un mensaje de respaldo a la portavoz gubernamental, consciente de que se encuentra en uno de sus momentos de mayor desgaste y con su credibilidad seriamente tocada. La labor de portavoz en Moncloa es «abrasadora», por ella han pasado ya cuatro ministras en los seis años de gobierno del PSOE con y sin coalición. Isabel Celaá, María Jesús Montero, Isabel Rodríguez y Alegría, desde hace menos de un año. En estos once meses, la responsable de trasladar los mensajes oficiales desde las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros ha estado envuelta en la polémica por su defensa del concierto catalán, equiparando la singularidad catalana con la de Teruel; por sus apreciaciones partidistas en campaña, que le han costado 4.400 euros en multas de la Junta Electoral Central (JEC), o más recientemente por sus ataques al juez Juan Carlos Peinado por la instrucción contra Begoña Gómez.
Sin embargo, la comparecencia del pasado martes fue especialmente sangrante, porque Alegría incurrió en argumentos tramposos y abiertamente falaces para defender la reforma que promoverá la excarcelación de presos etarras y para tergiversar el auto de la Audiencia Provincial de Madrid que avala la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno. Pese a ello, la portavoz concluyó que la decisión de la Sala suponía una «sonora enmienda» al instructor.
Lo que es una estimación parcial de los recursos –en lo relativo a dejar fuera el rescate de Globalia– se calificó por parte del Gobierno como una «estimación sustancial» y la portavoz, Pilar Alegría, de nuevo desde la mesa del Consejo de Ministros, puso en boca de la Audiencia Provincial apreciaciones no solo que no hizo, sino contrarias al sentido mismo de su auto. Alegría utilizó, punto por punto, los mismos argumentos que el abogado de la esposa del presidente, aseverando que la Sala calificó de «prospectiva» la investigación –por «genérica e imprecisa»–, cuando lo que hizo fue justamente lo opuesto, pues echó por tierra la principal denuncia de la defensa de Begoña Gómez.
«Prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas –matizó–, pero no aquella que partiendo de una conducta racionalmente sospechosa (ejercicio de influencia o promesa de ejercicio para condicionar la toma de decisiones públicas a cambio de ventajas indebidas), inicia una amplia indagación que permita conocer con detalles todas aquellas circunstancias que pueda influir y determinar en su calificación», aseguró la Audiencia Provincial de Madrid en su escrito. Pese a estas contradicciones, Alegría consideró que «la conclusión» es que «parece claro que se aproxima el archivo de esta causa», aunque la Sala difiera al considerar que las pesquisas del juez se encuentran todavía en una fase muy inicial.
No fue la única intervención polémica. Para tratar de explicar la reforma que culminará con la excarcelación de 44 presos etarras, Alegría utilizó algunos argumentos tramposos. Presentándolo como «la verdad de este proyecto de ley», sin embargo, tergiversó el relato de los hechos. La portavoz precisó que «estamos en una transposición de una normativa europea al Estado español, una normativa que es indiscutible en derecho comunitario y que fue aprobado por el PP en Europa». Sin embargo, el texto europeo no abunda en los términos de la reforma española. También recordó el informe del Consejo de Estado que avaló por unanimidad la reforma. Pero el mismo fue previo a la introducción de la enmienda que permite la excarcelación de etarras, que se introdujo ya en el trámite parlamentario posterior. Asimismo, expuso la cuestión prejudicial que elevó la Audiencia Nacional a Europa, advirtiendo de la necesidad de adaptar al derecho español la normativa comunitaria; obviando, no obstante, que en 2018 Estrasburgo avaló que no computar las penas cumplidas en Francia no afectaba al derecho a la libertad de los etarras.
Ya en sede parlamentaria, «el proyecto fue debatido y votado en ponencia, en comisión y en pleno. Por unanimidad. Después de las votaciones del Congreso, llegamos al Senado. En el Senado no ha habido ninguna enmienda ni ningún veto a este proyecto de ley. Este texto que se va a aprobar en el Senado es literal al texto que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en Consejo de Ministros en 2014», aseguró Alegría, obviando –de nuevo– que ese texto se enmendó por parte del PP en el trámite parlamentario para introducir los cambios que ahora se anulan.
