Durante el sexenio que acaba de concluir, el gasto federal destinado a la educación superior cayó 30 por ciento en términos reales. La cifra proviene —anticipémonos a los “otros datos”— del anexo estadístico del sexto informe de gobierno del presidente López Obrador (página 320). Ahí se observa que en 2018 el gasto federal en educación superior ascendió a 184 mil 850 millones de pesos corrientes y para 2024 a 175 mil 788.4 millones, una caída neta. Pero si se considera la inflación medida por INEGI entre enero de 2018 y enero de 2024, de 35.2 por ciento, entonces el presupuesto a la educación superior pública de hace seis años equivale a 249 mil 871 millones de pesos actuales. Así que en pesos constantes, que es como debe hacerse toda comparación presupuestal en el tiempo, la reducción entre 2018 y 2024 fue 74 mil millones, el 30 por ciento.
A pesar de la política de austeridad que resintieron, las instituciones de educación superior públicas lograron aumentar en algo su matrícula: el número de estudiantes pasó de 2 millones 773 mil alumnos en el ciclo escolar 2018-2019 a 2 millones 870 mil en el ciclo 2023-2024 (último dato disponible en el sexto informe de gobierno; anexo estadístico, p. 331), es decir, 97 mil alumnos más. Un crecimiento de la matrícula de apenas 3.5 puntos porcentuales en todo el sexenio.
El estancamiento de la expansión de la educación superior bajo el gobierno de Morena contrasta incluso con lo que había ocurrido en los dos sexenios previos, uno del PAN y otro del PRI. En los primeros cinco años del gobierno de Felipe Calderón (entre los ciclos escolares de 2006-07 a 2011-2012) la matrícula pública de educación superior aumentó en 464 mil alumnos, el 27 por ciento. Con Peña Nieto, de 2012-13 a 2017-18, el número de estudiantes en educación superior pública creció en 436 mil, el 19 por ciento.
Ninguno de esos dos gobiernos recortó el gasto federal en la educación superior. Entre 2006 y 2012, el financiamiento a normales, tecnológicos y universidades del sector público tuvo un incremento real de 47 por ciento. Entre 2012 y 2018, el incremento real fue modesto, pero positivo, de 5 por ciento. Pero entre 2018 y 2024 se invierte la tendencia y se recorta 30 por ciento.
De haberse mantenido constante el presupuesto a la educación superior pública que se otorgó en 2018 durante los seis años subsecuentes, es decir, si López Obrador no hubiera ampliado el presupuesto que dejó Peña Nieto, pero tampoco lo hubiese disminuido como ocurrió, en el sexenio pasado la educación superior pública habría recibido 277 mil millones de pesos más de los que tuvo, a precios de 2024, para fortalecer las tareas de docencia, investigación y difusión de la cultura.
¿Qué se hizo con el dinero que se le recortó a la educación superior pública? En parte, sirvió para financiar programas sociales, como jóvenes construyendo el futuro. Si se toman los montos aprobados para ese programa de 2019 a 2024, la suma es de 180 mil millones de pesos de 2024. Esa cifra representa el 65 por ciento del recorte acumulado a las instituciones públicas de educación superior. Así que la disminución del financiamiento a las normales, universidades y tecnológicos públicos sirvió para subsidiar el poco transparente programa de empleo juvenil; pero además, les restaron un 35 por ciento adicional para atender otros rubros de gasto que el gobierno consideró más importantes que la educación superior.
Lo anterior demuestra la falacia de que México no requería, ni requiere, incrementar la recaudación de los ingresos a través de una reforma fiscal: los programas estrella del gobierno pasado fueron financiados a cambio de dañar partidas de gasto de suma importancia, como la educación y la salud. Se trató de una asfixia financiera a la educación superior pública que no se corresponde con un gobierno de izquierda, muestra de que el que concluyó no lo fue.
La política de gasto en la educación superior del sexenio 2018-2024 es de un maltrato financiero no visto desde los años ochenta, cuando la crisis de la deuda dio lugar a un ajuste draconiano del gasto público. En esta ocasión no hubo crisis de la deuda, pero ocurrió algo igual de pernicioso: un profundo desdén desde la cabeza del Ejecutivo por la educación superior y su papel en la contribución al desarrollo del país. Una política diseñada desde la ignorancia, el desprecio por el conocimiento y la formación de nuevas generaciones de profesionistas, técnicos y científicos.
