Las vacilaciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y del regulador general, Eric Bogantes, con respecto al ajuste en las tarifas eléctricas en el 2025 debido a un mayor gasto en la generación con combustibles, son preocupantes.
Un organismo técnico, como la Aresep, debe proteger su credibilidad y evitar a toda costa titubeos como los vistos hasta ahora, que son indicio de que están confundidos o se dejan influir por el barullo político. Salir a afirmar en mayo que las tarifas subirían, luego decir en julio que no y, posteriormente en octubre, que sí, es tragicómico.
El vaivén comenzó cuando la Aresep aprobó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) modificar la metodología de cálculo tarifario (costo variable de generación), diseñada para cargar a los abonados los gastos en diésel y búnker. Inicialmente, cada tres meses se hacía el ajuste, pero en setiembre del 2023 se supo que pasaría a ser cada año.
Con este cambio, el cobro que antes se distribuía durante el año —lo cual era más llevadero para los bolsillos— se hará de golpe a partir de enero. Lo serio es que el gasto acumulado en combustibles y rezagos en ajustes de tarifas desde finales del 2023 es enorme, al menos ¢111.000 millones.
Era obvio que si las tarifas no subían, en algún momento se tendría que aplicar un alza para dar sostenibilidad financiera al ICE. La gran sorpresa, el monto, está por anunciarse. En el ínterin, la Aresep ha dado señales contradictorias. El 27 de mayo, informó de que el cobro por costo variable subiría un 43 %.
Un mes después, el 3 de julio, el regulador, junto con el presidente del ICE, Marco Acuña, y el mandatario Rodrigo Chaves, desacreditó lo dicho un mes antes por la Aresep, al asegurar que más bien las tarifas tendrían “una leve disminución”.
Acuña cambió el discurso el 26 de setiembre ante los diputados. Dijo que habría aumento si así lo decidía la Aresep, y el 4 de octubre, la Aresep confirmó que prevé alzas. ¿Diay?
Que los administradores del ICE se desdigan de sus promesas es habitual, porque son políticos y responden a órdenes políticas, pero que la Aresep caiga en el juego despierta dudas, sobre todo cuando 41 ciudadanos denuncian “usos politiqueros” de las tarifas eléctricas.
El autor es jefe de Redacción de La Nación.
