Isaac Mita declaró en una entrevista para Canal N acerca del comentado proyecto de Ley de Terrorismo Urbano que busca tipificar delitos con penas de entre 20 y 30 años de prisión efectiva. El congresista considera que una ley ajena al derecho y con claros tintes políticos. Asimismo, calificó como "altamente peligroso" usar este término para referirse a delitos como sicariato y extorsión.
"Los debates que habido y casi la mayoría por consenso, se ha recogido las opiniones y se ha considerado en el cuarto intermedio para su mejor análisis (...) es una figura ajena al derecho, tiene una connotación política relacionada con la lucha de la toma del poder. Como verás esta edificación que se quiere dar no concordaría con nuestro Código Penal", sostuvo.
Mita recalcó la estigmatización que hubo en los años del conflicto interno al usar de manera ligera el término de 'terrorismo' y dijo que es una figura que no está descrita de tal manera en el Código Penal que tenemos en la actualidad.
"Anteriormente en los años 90 o hace pocos años atrás, se 'terruqueaba' y se asesinaba a mucha gente y con ello yo creo que es altamente peligroso usar este término para delitos comunes como una figura dentro un Código Penal y esto traería mayor conflictos sociales porque no va acorde a la realidad de nuestro país ni al derecho", señaló.
Con esta ley el Congreso quiere impulsan modificaciones al Código penal a través de un conjunto de proyectos donde destacan la inclusión del término "terrorismo urbano", mediante la que busca sancionar actos como sicariato y extorsión con penas de entre 20 y 30 años de prisión. Asimismo, se establece la eliminación de beneficios de reducción de pena para los sentenciados.
Sin embargo, este proyecto ha recibido muchas críticas, uno de los puntos que más llama la atención es una medida que buscaría la impunidad en el Ejército y PNP, pues en caso se apruebe, los abusos cometidos por fuerzas policiales y militares durante el estado de emergencia pasarían a ser investigados en el fuero militar y ya no por el Ministerio Público.
Según esta nueva medida, se podría sancionar con hasta quince años de prisión privativa a las personas que cometan actos contra el libre tránsito de la ciudadanía o interfieran con el funcionamiento de los servicios públicos. El Congreso consideraría estas acciones, similares a situaciones recientes que impactaron al país, como un intento de aprovechamiento.
"El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años", se detalla en el proyecto de ley.
