Hay en el país 573.225 personas mayores de 65 años y solo 210.292, un 36 %, reciben pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Otros 151.531 son jubilados del Magisterio Nacional, el Poder Judicial y el Régimen No Contributivo (RNC), del cual depende el 93 % de este segundo grupo de adultos mayores, es decir, 141.635.
El RNC es un régimen precario, con beneficios de ¢82.000 mensuales, sin ajuste desde hace años y con el peligro de una reducción o suspensión. Los beneficiarios no cotizaron y no les asisten los mismos derechos de los jubilados por otros regímenes. La posibilidad de una rebaja de ¢82.000 a ¢68.464 se contempló por primera vez en el 2023.
El 4 % de los beneficiarios padece parálisis cerebral profunda, recibe ¢352.164 y no se habría visto afectado por el recorte. El 96 % restante son adultos mayores en situación de pobreza, muchos de ellos con discapacidades. En su caso, la disminución del ingreso podría tener efectos devastadores. La reducción de los beneficios no fue aplicada, pero sí disminuyó el ritmo de otorgamiento de nuevas pensiones del RNC.
Miles de aspirantes son rechazados y existen más de 200.000 mayores de 65 años sin ingreso alguno, dependientes de sus familias o de su propio trabajo más allá de la edad de jubilación. La situación solo puede empeorar si el país no hace los ajustes necesarios. A lo largo de los próximos 30 años, la población adulta mayor aumentará a 724.786, estima el Informe valuación actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al 31 de diciembre del 2022, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS.
La informalidad laboral, causa fundamental del creciente problema, no da muestras de ceder. Por el contrario, los cálculos son de aumento y el envejecimiento de la población no tiene freno. Según la más reciente Encuesta continua de empleo, correspondiente al trimestre comprendido entre mayo y julio, la informalidad fue del 39,6 %, equivalente a 869.000 personas. El IVM, por su parte, está a las puertas de una crisis bajo el peso de un déficit actuarial de casi ¢75 millones de millones. El único camino es una reforma integral como la propuesta por Rocío Aguilar, cabeza de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
No basta un esfuerzo centrado en el salvamento del IVM. El reto social es mucho más amplio y conviene adoptar la costumbre de hablar del sistema nacional de pensiones, sin perder de vista todos sus componentes, incluidos los que están en ciernes. La Supén impulsa la creación de una pensión básica universal para garantizar un ingreso mínimo a todos los adultos mayores mediante un fondo de reparto desligado del salario y financiado mediante la redistribución de cargas sociales.
También podría ser necesario un ajuste a la carga tributaria. El impuesto sobre el valor agregado, en comparación con las tarifas en otros países, podría soportar un modesto incremento. Las soluciones, dice la superintendenta, no pasan por el aumento de las cuotas porque eso contribuiría a aumentar la informalidad.
Según Edgar Robles, exsuperintendente de pensiones, el IVM no está estructurado para incorporar a más personas y, mientras se reduce la cobertura, sus finanzas se desequilibran. “El sistema no solo es insolvente, sino que cada vez habrá menos personas cotizando y quienes consolidan el derecho de jubilación son los de mayores ingresos. Entonces, el régimen de pensiones está empeorando la distribución de la renta entre los mayores de 65 años”, señaló.
La situación también implica un serio riesgo fiscal, pues el Estado podría verse en la obligación de responder si el principal fondo de pensiones del país falla. El único desarrollo positivo en esta materia, aparte de los obligados y casi siempre tardíos ajustes coyunturales, fue la Ley de Protección al Trabajador y la creación de los regímenes complementarios, pero de eso hace un cuarto de siglo y ya es hora de volver a pensar.
