La población vive envuelta en una gran zozobra generada por la inseguridad ciudadana, donde podemos identificar diversos enemigos públicos, que en teoría deberían estar en diferentes orillas, unos desde la criminalidad formal como extorsionadores, sicarios, secuestradores y asaltantes. Otros que actúan de manera informal escudados por el poder que les da la autoridad legislativa y el Ejecutivo. Curiosamente, ambos están unidos por los beneficios que les dan las leyes e intereses comunes.
Los enemigos públicos formales actúan abiertamente, atacando de manera violenta a los ciudadanos sin importar su condición social, económica y edad. Lo hacen aprovechando la debilidad del sistema de justicia y de una policía nacional que carece de formación profesional y compromiso con la sociedad.
Los enemigos públicos informales que actúan desde el Legislativo o Ejecutivo dan leyes como la 32108 que alerta a los investigados sobre las acciones de la Fiscalía, lo que dificulta los allanamientos y favorece la impunidad. Que redefine el concepto de organización criminal, excluyendo delitos con penas menores de 6 años, entre los que destaca la extorsión. Todo esto ha generado incentivos para que las organizaciones delictivas crezcan. Y el Ejecutivo, que pudiendo observar dichas iniciativas legislativas que relajan la lucha contra las organizaciones criminales, no lo hacen, y en lugar de actuar como contrapeso del Congreso de la República prefiere ser su mesa de partes. Por otro lado, el Congreso, en lugar de derogar la Ley 32108, pretende aprobar una ley que tipifica el terrorismo urbano, el cual termina siendo un engaño con sabor a fraude.
Ante la insania e indolencia de estos enemigos públicos, tenemos que actuar con decisión y memoria prodigiosa. Con decisión para enfrentarlos con argumentos sólidos, y con memoria para no olvidar su actuar negativo que atenta contra la tranquilidad de todos.
