El próximo 2 de diciembre entrará en vigor en España una nueva normativa que obliga a hoteles, plataformas de alquiler vacacional y agencias de viaje a recopilar hasta 42 datos personales de cada huésped. Esta medida pretende mejorar la seguridad frente a amenazas terroristas y el crimen organizado. Sin embargo, la magnitud de la información requerida ha generado preocupación sobre la privacidad de los ciudadanos y la capacidad del sector turístico para adaptarse.