El gobierno de AMLO fue un rotundo fracaso en materia de seguridad y salud, y su bandera de acabar con la corrupción y la impunidad con la cual llegó a la Presidencia fue una burla, porque hicieron justo lo contrario: abrazaron la corrupción, la impunidad, el nepotismo, mintieron, traicionaron y robaron en niveles nunca antes vistos. Sí, y sólo por dar un ejemplo, Segalmex hizo ver a la estafa maestra como un niño de pecho.
El segundo piso de la ‘4T’ comenzó con una deuda en materia de salud pública gravísima.
De acuerdo con datos del Coneval, del 15 de julio de 2024, el número de personas sin acceso a seguridad social fue de 64.7 millones. Que los mexicanos con carencias en acceso a servicios de salud pasaron de 20.1 millones a 50.4 millones, lo que significa que 39% no pudo acceder a atención médica adecuada.
Lo anterior, gracias a que Mario Delgado, por el capricho de López, presentó el 3 de julio de 2019 la iniciativa para acabar con el Seguro Popular, a pesar de todas las advertencias del rotundo fracaso que generaría. Así crearon el Insabi y, tras constatar lo dicho, que no serviría para nada, crearon el famoso IMSS-Bienestar, que tampoco sirve para nada. Ah, y sigue sin poder aclarar: ¿dónde quedaron los mil 342 mdp del IMSS-Bienestar para el programa U013?
Pues ni bien se había reacomodado en su oficina una vez ratificado por la presidenta Sheinbaum, el titular del IMSS, Zoé Robledo, cosa rarísima, ya ha sido objeto de graves señalamientos de irregularidades.
Acomódese bien, porque le voy a contar lo que es un secreto a voces en los pasillos del viejo edificio de Paseo de la Reforma: a pesar de instrucciones presidenciales claras para transparentar los procesos de adquisición de medicinas, la permanencia en el instituto de un grupo enquistado en el área administrativa parece garantizar que no cambiará el panorama prevaleciente.
Hay acusaciones específicas en los órganos de control interno contra el director de Operación y Evaluación del IMSS, Javier Guerrero García, quien opera un esquema para, en vez de realizar compras consolidadas a nivel nacional, ejecuta operaciones regionales y locales en las que los insumos para la salud pública acaban comprándose -va un fuerte doble- ¡en hasta 10 veces el precio de lista de los medicamentos! Así como lo está leyendo.
A pesar de los expedientes abiertos, se ha mantenido el esquema de adquisiciones fraccionadas que se ejecuta a través de las delegaciones estatales del IMSS y bajo la dirección del propio Guerrero, junto con un equipo integrado por Borsalino González, Luisa Obrador, Eduardo Thomas, Jorge de Anda y diversos delegados regionales, con la complicidad de empresas locales beneficiadas, of course.
El escándalo interno es tal que ya incluso tratarían de “taparle el ojo al macho” sustituyendo a Borsalino, a cuyo lugar llegaría una funcionaria que estuvo encargada de las compras en la Secretaría de Salud de la CDMX, Emma Luz López Juárez. ¡Todo queda entre cuates, pues!
¿Estaremos ante el surgimiento de una nueva “Almendrita” en la administración pública federal?
Porque no deben olvidar que en este espacio también documenté las corruptelas que le generaron responsabilidades penales al haber derechohabientes fallecidos de Almendra Ortiz, la exgacela y luego todopoderosa directora de Administración del ISSSTE, donde el muy entristecido Martí Batres (se aferró hasta el último segundo posible en su oficina del gobierno de la CDMX) tendrá el dilema de mantener o no a la muy amiga de los hijos del expresidente.
Estos funcionarios no tienen llenadera.
Otro caso ya denunciado de presunta corrupción en el IMSS es el de la organización y realización de eventos institucionales, sobre todo al interior del país, donde el mismo Javier Guerrero habría inflado presupuestos para las asambleas 110 y 111 para desviar más de 40 mdp, en una práctica en la que se pagan a sobreprecio hoteles de lujo sin contratos, que luego son cubiertos por factureros de esos que -como los granaderos capitalinos- tampoco existen ya. ¡Ouch, se vale sobar!
Según los denunciantes, este entramado de complicidades incluye a otros funcionarios del propio IMSS e, incluso, de la Secretaría de la Función Pública, con nombres como Adrián Ríos Cantú, Miguel Alvarado y Arturo Orcí Magaña.
Ante los señalamientos, comenzó la desbandada y en la primera semana de octubre renunciaron el titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión, Ramón Aguirre Díaz, y el titular de la Coordinación Técnica de Análisis y Seguimiento de Procesos de Abasto, Julio César Hernández Cruz, así como Julio Hugo Ballinas Coronel, abogado de la Dirección de Administración.
Zoé tiene mucho que explicar o arreglar, y quizá por eso hoy mismo, este lunes, habrá consejo extraordinario del IMSS, donde fue ratificado para el “segundo piso”, que puede venirse abajo en este caso.
Mientras tanto, una misiva del imputado Javier Guerrero García solicitó al Órgano Interno de Control del IMSS una auditoría sobre el uso presupuestal de su dirección a partir de 2021, y juró que “si se desprende alguna falta o irregularidad en los procedimientos internos, ésta será revisada y, de ser el caso, sancionada como señala la normatividad vigente…”.
A ver si es cierto.
