El proyecto industrial estrella en Galicia a medio plazo es una planta para la fabricación de fibra textil que la multinacional portuguesa Altri quiere instalar en el municipio de Palas de Rei, en la provincia de Lugo. Un proyecto que la Xunta declaró de interés estratégico, contra el que se han levantado entidades ecologistas y que la oposición en Galicia, especialmente el BNG, intenta exprimir políticamente, tratando de torpedear que se financie –en parte– con fondos públicos. Más allá de la discordia, sin embargo, lo que dicen los números es que en la oposición a la planta hay más ruido que nueces. Porque la mayoría de las alegaciones, más del 70%, son meras copias de un mismo formulario. Y porque solo el 5% del total de alegaciones proceden de la zona donde se ubicaría la planta. En marzo, y durante un mes, la Xunta sometió a exposición pública la solicitud de la compañía de autorización ambiental integrada y la declaración de utilidad pública de su proyecto. Y el BNG ha tratado desde entonces de sacar pecho del volumen de alegaciones, un total de 24.041. Pero, según ha podido saber ABC de fuentes cercanas a la empresa, la inmensa mayoría de esos recursos son calcos de unos pocos modelos. Un total de 21.847, es decir, más del 90%, se corresponden con tres modelos de formularios, pero que presentaron distintas personas y entidades. Y uno de estos tres modelos, que se estuvo moviendo por redes sociales –y que se limita a una carilla con varios párrafos– fue presentado 16.924 veces. La empresa identificó también que del total de las alegaciones, sólo 293 no siguen ningún modelo predefinido, es decir, que son textos originales y no fotocopias de formularios facilitados. Esto significa que el 98,8% de las alegaciones son un simple corta y pega. Ese corta y pega de los formularios no es lo único que descafeina los esfuerzos del BNG de hacer de la causa de Altri una batalla política. Hay otro dato que desinfla ese discurso: solo el 10% del total de las alegaciones, es decir, 1.752, las presentaron entidades o vecinos de la comarca donde se prevé instalar la planta o de sus zonas más inmediatas. Concretamente, 880 de las alegaciones, un 5%, salieron de la comarca de Ulloa –que, además de Palas de Rei, abarca los municipios de Monterroso y Antas de Ulla–. Es decir, solo el 11% de la población de la comarca donde Altri quiere instalar la fábrica ha alegado contra su instalación. Otras 872 alegaciones salieron de la comarca colindante de Terras de Melide –concellos de Melide y Santiso–. La mayoría de los recursos proceden de los entornos de La Coruña, Santiago de Comostela , Vigo, Lugo y Orense y, en menor medida, de zonas de la Ría de Arousa, donde desemboca el río Ulla, a cuyo cauce la planta devolvería, depurada, el agua usada para su actividad. Pero ese bajo porcentaje de alegaciones presentadas por los vecinos de las zona afectadas no puede sorprender si se miran los resultados de las últimas europeas, de junio, cuando la cuestión de Altri ya sobrevolaba: el PP, que está a favor de la planta siempre que cumpla con los requisitos administrativos y ambientales, arrasó entonces en Palas de Rei, con un 65% de los votos, subiendo más de diez puntos. El papel de los dos principales partidos de la oposición al Gobierno autonómico del PP en Galicia, BNG y PSOE, es bien distinto. Los nacionalistas son muy beligerantes respecto a la planta, avisando incluso al Gobierno de Pedro Sánchez de que le retirarán su apoyo si la financia con fondos públicos. El PSOE gallego, en cambio, ha ido dando bandazos, posicionándose en contra, pero con la boca pequeña. José Ramón Gómez Besteiro, líder del PSOE gallego, solo se sacudió esa tibieza las últimas semanas cuando dijo que el proyecto «no encaja» para recibir ayudas estatales en el marco de los fondos europeos Next Generation. El debate sobre la financiación pública del proyecto, precisamente, es una de las grandes cuestiones a resolver más allá de los trámites burocráticos para instalar la planta. En todo caso, de los 850 millones de euros que la multinacional prevé que cueste la factoría, solamente reclama al Gobierno central el 25%, es decir, 200 millones. El Gobierno es quien tiene la llave de los Pertes para movilizar los fondos europeos que solicita la empresa. El grueso de los argumentos de estas alegaciones contra la instalación de Altri, a la que el BNG se refiere despectivamente como «macrocelulosa», se centran en la consideración de que sus vertidos «envenenarán» el río Ulla y también en las «grandes cantidades de agua, energía y eucaliptos» que requerirá la factoría para fabricar las fibras textiles. Además, aseguran que afectará «gravemente» al patrimonio cultural y natural de la comarca. La empresa, sin embargo, aclara que en Palas no se producirá celulosa de papel, sino fibra textil Lyocell, 100% biodegradable; qu e no necesita más eucalipto del que ya se produce en Galicia; que el agua vertida no afectará a la calidad del río; que las emisiones de gases se situarán por debajo de la normativa europea, y que la planta generará 500 puestos de trabajo directos. Altri tiene ahora la obligación, por ley, de 'considerar' estas alegaciones en su proyecto, es decir, tener en cuenta las que vea oportunas de cara a solicitar la autorización ambiental. Sería el paso previo a la aprobación definitiva del proyecto, por el Consello de la Xunta, que podría producirse en el primer tercio de 2025 si Altri va cumpliendo los requisitos.
