El lunes y martes, 7 y 8 de octubre, tendrán lugar las vistas en las que las defensas de los empresarios y proxenetas condenados el pasado día 11 de septiembre por abuso sexual de menores plantearán alternativas a la prisión provisional
La Audiencia de Murcia decidirá el lunes y martes si los empresarios condenados por abuso sexual de menores irán a prisión
A la tercera va la vencida. O eso esperan los colectivos feministas y varios centenares de personas que han acudido a la manifestación convocada este domingo a las 20.00h frente a la Audiencia Provincial de Murcia para protestar contra la sentencia de la red de abuso sexual de menores, por la cual se han librado de ir a prisión tanto los empresarios que violaron a las adolescentes de 15 a 17 años, como las proxenetas que las buscaban en los colegios o discotecas light.
El lunes y martes, 7 y 8 de octubre, tendrán lugar las vistas en las que las defensas de los empresarios y proxenetas condenados el pasado día 11 de septiembre por abuso sexual de menores plantearán alternativas a la prisión provisional, todo lo contrario de lo que se ha exigido en esta manifestación. Lemas como “¡Eran menores, empresarios violadores!”, “¡Esto no es justicia, es impunidad!” o “¡No hay justicia, sentencia machista!” lo han dejado bien claro. El miércoles o jueves se conocerá la confirmación de la pena definitiva.
Durante la lectura del manifiesto de la Asamblea Feminista de la Región de Murcia se ha puesto este caso como “ejemplo claro de impunidad institucionalizada”, al tiempo que se ha cuestionado el acuerdo de conformidad al que llegó la Fiscalía con los abogados de los condenados. Consideran que esta sentencia pone de manifiesto “un fallo del sistema demasiadas veces sucedido en la Audiencia Provincial de Murcia”.
“La sentencia ha de ser tanto legal como moral”. También han pedido “penas ejemplares” para los delincuentes y “más prevención y educación en todos los currículos en la Región” para evitar más atentados contra la libertad sexual.
En un movimiento bastante inaudito, la Audiencia Provincial se reunió el pasado miércoles con algunas de las víctimas de esta red de explotación sexual para preguntarles por la suspensión de la pena de cárcel para sus agresores. Repitieron lo que ya habían contado y estaba grabado en vídeo: las convencieron en el colegio de que tenían un trabajo para ellas, las drogaron y emborracharon en un chalet a las afueras de Murcia y las violaron. Varios de ellos. Los empresarios querían estar con jóvenes menores que fueran vírgenes, chicas “jóvenes y nuevas”, según detalla el escrito de acusación de la Fiscalía, de 2019. La Policía Nacional le dijo a una de las madres que si el juez no hubiera dado la orden de entrar al chalet los traficantes se habrían llevado a su hija del país.
Las condenas a los cinco proxenetas y colaboradores y a los siete empresarios que abusaron de las chicas hace ya una década fueron individuales. A causa de la dilación indebida, diez años para celebrarse el juicio, las penas se rebajaron dos grados.
Gloria Alarcón, presidenta del Fórum de Política Feminista de la Región de Murcia, cree que hay posibilidades de que los condenados entren finalmente en la cárcel. “A las palabras en la cadena ser el pasado viernes del fiscal superior de la Región [José Luis Díaz Manzanera] hay que añadirle que la magistrada preguntó esta semana a las víctimas qué pensaban sobre el hecho de que sus agresores no pasaran por la cárcel. No soy experta en esto, pero es la primera vez que veo algo así. Me parece que todo este movimiento social de repulsa ha hecho mella”.
Tras leer el manifiesto, representantes de la Asamblea Feminista de la Región de Murcia han leído en voz alta los nombres y apellidos de los condenados y añadían “empresario, delincuente, depredador sexual de niñas”. Los manifestantes respondían en voz alta: “¡Violador!”.
El Tribunal procedió a dictar una sentencia de conformidad, a la vista del acuerdo alcanzado por la fiscal -única acusación presente en esta causa- y los acusados, después de que estos reconocieron los hechos y aceptaron las penas solicitadas por el Ministerio Público.
La portavoz del colectivo Fuste, Marta Latorre, ha subrayado que “el juez tiene cierta potestad para ver si los intereses de las víctimas han sido suficientemente atendidos y si con las penas se consigue una reparación del daño. No es aceptable tener acuerdos de conformidad de estas características”.
El colectivo ha desplegado una enorme pancarta roja con letras negras en las que pedían 'Justicia'. Desde Fuste esperan que la presión ejercida por la sociedad civil y los medios ante esta sentencia, como en otras, puede marcar “un punto de inflexión”.
Los partidos políticos también han estado presentes. María Marín, portavoz de Podemos en la Asamblea Regional ha tildado la sentencia de “una vergüenza” y ha subrayado que se trata de “un caso de pederastia y proxenetismo”. Marín ha descrito este caso como “la punta del iceberg”: “En la Región de Murcia llevamos muchísimos años con este tipo de casos, como en violaciones o violencias machistas”.
El PSOE de la Región presentó esta semana una moción en la Asamblea Regional para pedir “un currículum académico que integre sin tapujos una educación sexual acorde en cada momento a la edad del alumnado”, con especial hincapié en la prevención de abusos sexuales, enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseado.
Desde la Plataforma de Periodistas Feministas Colombine han recordado que esta semana se ha producido “un caso menos mediático de un señor que violó a una menor de edad y al que han aplicado la misma atenuantes de dilaciones indebidas. La justicia no puede permitir eso cuando estamos hablando de menores de edad”.
Raquel, de 50 años, ha acudido a las tres convocatorias de protesta por la sentencia condenatoria. “No quiero vivir en una sociedad que deja los delitos impunes. Además, intento representar a esas víctimas que no pueden estar aquí porque tengan tanto dolor que no puedan estar ni presentes aquí o en el juicio”.
