Las startups en Argentina enfrentan desafíos únicos a la hora de contratar y gestionar personas. La flexibilidad y la claridad legal son esenciales para estas empresas, especialmente en sus primeras etapas. La reciente Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27742) y su reglamentación han traído cambios que aportan claridad y seguridad a las relaciones con trabajadores independientes, monotributistas y contratistas, al tiempo que ofrecen alternativas prácticas para las empresas.
En este análisis, exploramos cómo estas nuevas regulaciones impactan en el ecosistema emprendedor y qué herramientas ofrecen para que las startups puedan operar en un marco de mayor seguridad y previsibilidad.
Uno de los riesgos más comunes que enfrentaban las startups era la posible presunción de relación laboral cuando contrataban a trabajadores independientes o monotributistas. Previo a este cambio, un colaborador que emitiera facturas de manera recurrente podía argumentar la existencia de una relación laboral encubierta, exponiendo a la empresa a potenciales demandas.
Con la nueva Ley de Bases, esta situación cambia. Ahora, la normativa establece claramente que la prestación de servicios por parte de monotributistas no implica automáticamente una relación laboral. La reglamentación define criterios específicos para identificar las relaciones autónomas, eliminando la incertidumbre y el temor a futuras reclamaciones.
Ejemplo Práctico: Supongamos que un emprendedor contrata a varios profesionales para colaborar en el desarrollo de un proyecto y todos operan como monotributistas. Con la nueva ley, se pueden establecer acuerdos de prestación de servicios sin temer que la relación se considere laboral por el simple hecho de emitir facturas. Esto le permite a la startup colaborar con profesionales de manera legal y segura, siempre que se respeten los parámetros de la autonomía.
La ley introduce la posibilidad de que los trabajadores independientes colaboren con hasta tres monotributistas, siempre y cuando se cumpla con una serie de condiciones para mantener la relación autónoma.
La reglamentación exige que estos colaboradores estén inscriptos en el Régimen General de Impuestos y Recursos de la Seguridad Social y gestionen su seguro de accidentes personales. Asimismo, los colaboradores deben comprometerse a presentar la documentación que la empresa requiera para su ingreso y renovarla mensualmente.
Este marco obliga a que las empresas y los colaboradores cumplan con ciertos procedimientos y regulaciones, garantizando que la relación mantenga su naturaleza independiente. Por ejemplo, los monotributistas deben participar en los cursos de seguridad que la empresa disponga para terceros, reforzando la transparencia y delimitación de responsabilidades.
Ejemplo Práctico: Una startup en crecimiento decide colaborar con tres programadores independientes, quienes operan como monotributistas. La empresa establece contratos claros que especifican la autonomía de los programadores, quienes, a su vez, se comprometen a mantener sus seguros personales y cumplir con los requisitos de seguridad e higiene. De esta forma, la startup puede escalar su equipo de manera segura, respetando los límites legales y evitando la confusión con relaciones laborales dependientes.
Otro cambio importante introducido por la Ley de Bases es la ampliación del período de prueba en los contratos por tiempo indeterminado. La ley establece un período de prueba de seis meses, que puede ser extendido a ocho meses para empresas con entre 6 y 100 trabajadores, y hasta un año para empresas con hasta cinco trabajadores, según lo determinen las convenciones colectivas de trabajo.
Esta modificación es especialmente relevante para las startups que necesitan más tiempo para evaluar las capacidades técnicas y el encaje cultural de los nuevos empleados. La reglamentación, además, impide que se utilice el período de prueba más de una vez con el mismo trabajador, evitando abusos y garantizando un equilibrio entre las necesidades de las empresas y los derechos de los empleados.
Ejemplo práctico: Una startup de tecnología que posee 15 empleados, necesita incorporar nuevos desarrolladores. La empresa valora las habilidades técnicas y la adaptación al ritmo de trabajo como factores clave para el éxito. Con la nueva ley, ahora tiene hasta seis meses (o más, dependiendo de la convención colectiva) para evaluar si los nuevos empleados cumplen con las expectativas, antes de decidir su efectivización, lo que facilita una gestión de recursos humanos más efectiva.
La ley también establece un marco más claro para la responsabilidad solidaria en las relaciones con contratistas e intermediarios. Las empresas principales pueden ser consideradas responsables solidarias si el contratista no cumple con sus obligaciones laborales. Sin embargo, la reglamentación introduce condiciones y límites, permitiendo que la empresa principal supervise y controle el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista.
La AFIP pone a disposición mecanismos para que las empresas principales puedan consultar las deudas de los contratistas y calcular el monto que deben retener para cubrir las obligaciones laborales. Esto otorga a las startups herramientas efectivas para gestionar las relaciones con terceros y minimizar los riesgos asociados con la subcontratación.
Ejemplo práctico: Una startup terceriza parte de su desarrollo tecnológico a una empresa contratista. Con la nueva regulación, la startup puede solicitar informes a la AFIP para verificar las obligaciones salariales y de seguridad social del contratista antes de formalizar el acuerdo. Además, incluye cláusulas en el contrato que obligan al contratista a cumplir con todas las normativas laborales y a realizar las retenciones pertinentes. Esto proporciona a la startup un nivel de control y transparencia que minimiza el riesgo de futuros litigios.
Si bien la Ley de Bases y su reglamentación definen los límites y responsabilidades de cada tipo de relación laboral o de colaboración, es esencial que las empresas firmen un contrato con cada colaborador. Este contrato debe dejar claras las condiciones y el alcance del vínculo desde el inicio.
Al documentar detalladamente los términos de la colaboración, las startups se aseguran de delimitar con precisión el tipo de relación, evitando así posibles malentendidos o futuros reclamos. Aspectos como las obligaciones del colaborador, las condiciones de autonomía y la responsabilidad en la gestión de seguros personales deben quedar bien especificados.
Un contrato bien elaborado, que incluya tanto los acuerdos alcanzados como lo dispuesto por la normativa vigente, no solo facilita la gestión de la relación, sino que también reduce significativamente los riesgos asociados.
La nueva ley y su reglamentación, ofrece claridad en la relación con trabajadores independientes y establecer parámetros claros para la responsabilidad solidaria con los contratistas, la nueva normativa permite a las startups concentrarse en lo que mejor saben hacer: innovar y crecer.
Este renovado marco laboral se convierte así en un aliado para el desarrollo del ecosistema emprendedor argentino, al promover relaciones laborales y comerciales más transparentes y eficientes.
