“Antonio, están gestionando tu pago, no les cortes el internet”. La frase corresponde a una conversación rastreada por la Policía que demostró que presos del penal Ancón I tenían acceso a equipos tecnológicos y que delitos agravados como extorsiones, secuestros y asesinatos se coordinaban a través de llamadas o mensajes por WhatsApp que salen de ese reclusorio de máxima seguridad.
Estos actos criminales fueron detectados por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el Ministerio Público en una intervención a ese centro carcelario.
La señal de internet era utilizada por los reos sin ninguna restricción desde hace tres años. La investigación reveló que ese servicio se distribuía mediante equipos ubicados dentro del penal y en el exterior.
A través de estos dispositivos, los convictos ordenaban extorsiones y otros delitos. Incluso se detectó un equipo informático con un navegador diseñado específicamente para eludir controles. El dispositivo también servía para coordinar el comercio de drogas.
El trabajo policial demostró que varios presos gozaron de esta red de alta potencia, y dirigieron a sus bandas criminales desde sus celdas.
Una de sus víctimas, el empresario gastronómico Javier Vargas, recibió mensajes desde ese penal para que deposite 10.000 soles mensuales a cambio de su tranquilidad. Y como era de esperarse, la razón social de su negocio ‘Piscis’ fue encontrada en poder de Jhon Zafra Espinoza durante una requisa, el mes pasado.
Este sujeto, condenado a cadena perpetua por asesinato, tenía también los números de al menos un centenar de empresas y de comerciantes. ¿Por qué llevaba esos registros si en ese penal no hay siquiera teléfonos públicos?
Zafra Espinoza está implicado en el asesinato del suboficial PNP Jesús Quintana Solano en 2009 y del director del penal Miguel Castro Castro, Manuel Vázquez Coronado, en 2010.
“Los cabecillas recluidos en los pabellones 5, 6 y 7 invirtieron en la señal para que la comunicación llegue en tiempo real. La mayoría de las extorsiones salía del penal Ancón I”, dijo el coronel Franco Moreno, jefe de la Diviac, al periodista Julio Chuquitaype, del programa dominical ‘Cuarto Poder’.
Zafra Espinoza ha sido trasladado esta semana al penal de alta seguridad de Challapalca.
Pero él no fue el único ‘cliente’ de la mafia. En un audio hallado en el celular del ingeniero Juan Huaringa Bejarano se pone al descubierto cómo operaba el internet en el penal Ancón 1.
Juan Huaringa cobraba los depósitos que los presos o sus familiares hacían para mantenerse conectados a cualquier hora.
Los fiscales a cargo del caso detectaron que el ingeniero Huaringa llegó a comunicarse unas 25 veces desde julio del 2023 a marzo del 2024 con el ingeniero Glen Lázaro Guzmán, quien, de acuerdo con las autoridades, se desempeña como coordinador de servicios de tecnología de información del Instituto Nacional Penitenciario.
Los investigadores también hallaron llamadas entre Huaringa y Luis Pérez, quien trabaja en el Área de Redes y Telecomunicaciones en la sede del INPE.
Ambos ingenieros estuvieron a cargo del personal de la empresa Smartcolvikon SAC, encargada de hacer el desmontaje de torres y antenas correspondiente al sistema de radioenlaces de la sede central del INPE, donde el supervisor fue Juan Huaringa.
Este ingeniero operaba con Juan Antonio Rivera Béjar, dueño de la casa donde se encontró un potente sistema para enviar señal al penal Ancón I. Este era el encargado de monitorear la señal bajo las órdenes de Huaringa, explicó el coronel Franco Moreno de la Diviac.
Detrás de estos dos sujetos estaba el delegado Esteban Belayarce Farfán, alias Cuchi, quien era el que enviaba las quejas cuando cortaban la señal a Luis Alberto Rivera, alias Macuto.
Así, más de 150 antenas artesanales fueron descubiertas por agentes de inteligencia, instaladas en las ventanas de pabellones y todas apuntaban a la casa de Luis Antonio Rivera Béjar, hoy detenido.
Jhon Raymundo Huamán era otro proveedor de los presos que instaló una antena a más de un kilómetro del penal de Ancón I. Los agentes de la Diviac hicieron seguimiento a todos estos personajes.
La empresa Prisontec, responsable de la instalación de bloqueadores, envió informes hace dos años al INPE alertando sobre la señal de internet pero nadie hizo nada. “Nosotros no somos responsables de lo que ocurra en el exterior”, dijo una fuente del INPE.
Jamás una autoridad se someterá a la delincuencia, esto ocurrió en el penal de Lurigancho y los involucrados ya no están en ese reclusorio, dijo el presidente del INPE, Javier Llaque.
Aseguró que este año 20 internos ligados a casos de extorsión han sido trasladados al penal de Challapalca y otros de máxima seguridad. Asimismo, indicó que en lo que va del año, 200 servidores penitenciarios han sido suspendidos por proporcionar celulares a internos.
Llaque negó tener algún vínculo con mafias extorsivas. Dijo que investigan a servidores que serían parte de una mafia que se encarga del ingreso de celulares a las prisiones.
