El Ministro de Agricultura viajará a Roma, Italia a participar en un importante evento de la FAO. A su vez, el Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén fue invitado a Australia a participar en una conferencia minera, según se puede observar en la información publicada en el diario El Peruano. Noticia que sorprende mucho pues el país viene con una creciente ola de extorsiones y demás problemas sociales que necesitan medidas urgentes para poder frenarlo.
Del 13 al 19 de octubre será el viaje del ministro Ángel Manero y dejará el despacho a Julio Demartini quien es ministro de Desarrollo a Inclusión Social y el despacho de Adrianzén quedará a cargo del ministro de Relaciones Exteriores.
El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, respondió a la prensa por el paro nacional anunciado por distintos gremios que tendrá como fecha el 10 de octubre, señaló que no era necesario una medida así que hay sectores que intentar aprovechar esto de manera política porque ellos se encuentran dialogan con la ciudadanía.
"Ya se está haciendo el trabajo de lado del ministerio del Interior (...) en el caso de la Policía ya se están haciendo intervenciones. Estamos trabajando, nos hemos reunido con el 85% de los transportistas así que creemos que no es necesario paralizar la ciudad. Seguiremos dialogando y resolviendo, ya hay recursos, hay Fuerzas Armadas acompañando a la Policía Nacional. Es importante y tener mucho cuidado que no se mal utilice un problema real para aprovechamiento político", señaló el ministro.
Pese a la ola de extorsiones que viene creciendo en el país, la población sigue protestando y exigiendo medidas como la derogación de la ley pro crimen que favorece a delincuentes y dificulta su proceso penal. Especialistas afirman que esa norma no es necesaria y se necesitan medidas más eficaces para combatir la delincuencia.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte busca implementar nuevas medidas en las declaratorias de estado de emergencia, de modo que, durante dichas situaciones, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú denunciados por actos realizados en el cumplimiento de sus funciones sean investigados o procesados, según corresponda.
