Santo Domingo.-La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional declaró el caso como complejo y dictó doce meses de prisión preventiva para ocho de los diez imputados en la Operación Búfalo NK, quienes están acusados de formar parte de una red de narcotráfico internacional con ramificaciones en Colombia, Puerto Rico y la República Dominicana.
El juez Rigoberto Sena ordenó la prisión preventiva para Rafael Ynoa Santana, alias «El Cojo», Isidoro Rotestan Clase, Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Henrique Tavarez, Severiano Núñez Pichardo, Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier. Asimismo, el tribunal impuso como medida cautelar el impedimento de salida y garantías económicas para Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana, quienes deberán pagar RD$500,000 y RD$200,000, respectivamente.
El presunto cabecilla, Rafael Ynoa Santana, cumplirá la medida en la cárcel de La Romana, mientras que los demás imputados serán trasladados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Surelis Jáquez, Andrés Mena y Emmanuel Ramírez, valoró positivamente la decisión del juez, subrayando la gravedad de los delitos imputados y la contundencia de las pruebas que respaldan los roles de cada uno de los acusados.
Durante la audiencia de la medida de coerción, tres de los imputados, incluido Rafael Ynoa Santana, junto a su pareja sentimental Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana, admitieron su culpabilidad en los hechos que se les imputan.
La solicitud, que abarca más de 200 páginas, detalla que este caso presenta todas las características de un crimen organizado, implicando delitos como lavado de activos y asociación de malhechores en una red criminal altamente estructurada.
Los imputados fueron arrestados durante un amplio operativo simultáneo por aire, mar y tierra, llevado a cabo en las provincias de Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná. Este operativo fue ejecutado por el Ministerio Público y la DNCD, con el apoyo del Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia del Estado, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.
La solicitud de medida de coerción indica que los imputados trasladaban grandes cargamentos de drogas desde Colombia y Venezuela hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, utilizando lanchas rápidas y barcos pesqueros. Las sustancias ingresaban al territorio dominicano y puertorriqueño para ser redistribuidas hacia Estados Unidos y Europa, donde su valor se triplicaba, generando enormes ganancias para la organización.
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