Laura Esquivel y Cindy Jiménez, madres de dos alumnos que asisten a clases de educación especial en la Escuela de Excelencia Mercedes Sur, Heredia, denuncia que sus hijos sufren mordiscos, golpes, ataques de ansiedad, irritación y el riesgo de sufrir una lesión por no contar con un camón para cambios de posición durante las clases.
Ambas se conocieron en el centro educativo. La hija de doña Laura es una niña de 11 años con una discapacidad de retos múltiples, y el hijo de doña Cindy, un niño de 8 años con espectro autista.
Según denuncian, sus hijos y los demás alumnos de los grupos de educación especial son afectados directos por la inacción del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Las situaciones de cada caso es distinta, pero el fin por el que luchan es el mismo: conseguir que sus hijos tengan acceso a educación pública de calidad, con las condiciones necesarias, sin poner en riesgo la salud y estabilidad de los menores.
Las madres no temen tomar medidas en la lucha por los derechos de sus niños, como lo hicieron en noviembre de 2023. En esa ocasión, ellas cerraron la escuela para exigir la devolución de aulas que habían sido ocupadas por la directora de ese momento. Esta última había instalado su oficina en una de las aulas y transformado la otra en un comedor.
Laura Esquivel y Cindy Jiménez afirman haber tocado en muchas ocasiones las puertas del Ministerio de Educación Pública (MEP), pero las respuestas que reciben son las mismas o se quedan en promesas sin cumplir. Como consecuencia, la salud física y psicológica de sus hijos se pone en riesgo.
Según los testimonios de las mamás, la actual directora de la escuela ha mostrado disposición solucionar las necesidades, pero las negativas vienen desde la Dirección Regional del MEP en Heredia y la cúpula del ministerio, donde también han pedido ayuda.
“El MEP se lava las manos, realizan recortes, cierres de aulas integradas, no capacitan personal, no tienen equipos para ofrecer educación de acuerdo a las leyes 7600 y 8661; además de esto, generan un estrés al docente, al director, al niño y a las familias.
“Los padres, para ser escuchados, tienen que recurrir a recursos de amparo, cierres de escuela y medios de comunicación. Tienen servicios de educación especial, pero no giran partidas las escuelas para darles calidad de educación a los niños, como lo establecen en documentos. Los padres envían correos, buscan ayuda y ellos se pasan la pelota. Además, el recorte que realizaron a nivel de programas de equidad, al que le quitaron un montón de dinero, hace que no se puedan comprar equipos para niños en condiciones especiales”, indicó Esquivel.
La Nación tuvo acceso a los documentos y correos que ambas han recibido del Ministerio; estos van desde rechazar traslados de sección, hasta negarse a practicar cambios de horarios o facilitarles el mobiliario necesario.
En su camino en busca de ayuda, estas madres se vieron obligadas a llegar hasta la Sala IV. Esquivel interpuso un recurso de amparo en el 2023 debido a que las aulas de educación especial fueron convertidas en un comedor y en la dirección, y los alumnos de ambas fueron enviados a un aula sin rampas y rodeada de cilindros de gas.
La Escuela de Excelencia Mercedes Sur tiene dos aulas integradas para educación especial: una para estudiantes con discapacidad cognitiva, donde asiste el hijo de Jiménez, y otra para quienes tienen discapacidades múltiples, donde recibe lecciones la hija de Esquivel
El recurso solicitaba al MEP la restitución de las aulas, con el objetivo de que se destinaran nuevamente a la atención de los estudiantes con discapacidad. Además, exigía que fueran dotadas con los materiales y mobiliario necesarios para atender adecuadamente las necesidades específicas de estos alumnos.
Estas secciones requieren equipo especializado, como colchonetas, camones, baños adaptados y pupitres especiales. Además, deben cumplir con la Ley 7600, ser insonorizadas y tener salidas de emergencia, ya que algunos estudiantes usan sillas de ruedas.
La respuesta de los magistrados llegó este 5 de julio, cuando le dieron la razón a la recurrente y se ordenó al MEP solventar los requerimientos de los estudiantes en un máximo tres meses.
Las aulas fueron entregadas este año, antes de que se resolviera el recurso, ya que la nueva directora de la institución optó por devolverlas. No obstante, doña Laura reconoció que la instrucción de equiparlas con mobiliario no se cumplió, ya que, hasta la fecha, el MEP no ha proporcionado recursos, y el plazo fijado por los magistrados vence este 5 de octubre.
Esta situación afecta directamente a su hija, que se moviliza en silla de ruedas y ha pasado por ocho operaciones de cadera, lo que le impide estar en una misma posición por largos periodos. Debido a esto, la niña requiere de un camón para poder asistir lecciones sin riesgo de lesionarse.
Además, la hija de doña Laura utiliza un dispositivo llamado Tobii, el cual sigue el movimiento de sus ojos para permitirle comunicarse. Este aparato, que le fue proporcionado por el Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva (Cenarec), es sumamente costoso y esencial para su crecimiento. No obstante, la madre comentó que el MEP no capacita a los docentes en el uso de estos dispositivos, lo cual limita las oportunidades de los niños.
Para que su pequeña pueda aprovechar al máximo el Tobii y se comunique de manera efectiva, esta madre se vio obligada a pagar lecciones adicionales por su cuenta. Sin embargo, no todos los alumnos tienen la oportunidad de incurrir en ese gasto, por lo que Esquivel lamenta que estos niños no puedan mejorar su calidad de vida, pese a poseer el dispositivo.
En el aula de educación especial destinada a estudiantes con discapacidad cognitiva, donde asiste el hijo de Cindy Jiménez, los niños no reciben clases regularmente, lo que no solo afecta la educación de los estudiantes, sino su estabilidad emocional.
Debido a la ausencia frecuente de su maestra, quien se incapacita continuamente, los niños no reciben clases y cuando el MEP envía a una maestra sustituta, los menores se ven afectados por el cambio, lo que impacta de manera especial al hijo de Jiménez, quien necesita rutinas estrictas.
La madre del niño comenta que, debido al estrés por la falta de clases regulares y a la constante adaptación a nuevas maestras temporales, ha tenido que llevar al menor al neurólogo y adquirir medicamentos especiales. Antes, su hijo amaba ir a la escuela y disfrutar de sus clases; ahora, por la incertidumbre y los cambios bruscos en su rutina, ha desarrollado problemas de insomnio y pasa gran parte del día emitiendo sonidos repetitivos, como sílabas, lo cual aumenta la frustración de doña Cindy.
Cuando no tiene clases, el menor se despierta temprano y pide que lo alisten para ir a la escuela, pero su madre se ve obligada a explicarle continuamente que no puede asistir, lo cual le causa gran frustración.
Además, su grupo está conformado por niños de diversas edades y con diferentes necesidades, y el Ministerio se niega dividirlo, debido a la supuesta falta de presupuesto, lo que aumenta el riesgo de que se lastimen entre ellos, como ya ha sucedido, debido a la falta de un asistente que apoyen como docente de refuerzo.
Cuando su hijo asistía a clases con normalidad, Jimenez recuerda que era frecuente que su hijo regresara a casa con mordeduras y golpes. Incluso, recuerda que, en una ocasión, un compañero del niño tuvo una crisis donde lamentablemente lastimó a la maestra, enviándola a la clínica de salud.
Para evitar que su hijo continúe sufriendo, doña Cindy solicitó a la Dirección Regional del MEP que lo transfiriera a la sección de discapacidad múltiple, donde asiste la hija de doña Laura, pues considera que esta área le permitiría recibir clases diarias y reducir el estrés. Sin embargo, el MEP rechazó su solicitud, argumentando que el código del aula establece que dicha sección es solo para niños con retos múltiples, no para aquellos con discapacidades cognitivas.
