En el 2020, Alena Douhan asumió el cargo de relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales (sanciones). De nacionalidad bielorrusa, Douhan ha visitado países como Venezuela, Irán, Siria, Zimbabue y, más recientemente, China, para investigar cómo las sanciones internacionales han afectado los derechos humanos en estas naciones. Sin embargo, lo que en principio parece una labor legítima de investigación está rodeado de polémicas sobre posibles conflictos de intereses y fuentes de financiamiento poco claras.
Alena Douhan ha sido acusada de actuar, indirectamente, como un vehículo para mejorar la imagen de regímenes autoritarios bajo el paraguas de la ONU. Estas sospechas se hicieron más evidentes en su reciente visita a China, donde, en lugar de ofrecer una evaluación crítica sobre los derechos humanos, parece haber adoptado la narrativa oficial del régimen.
Durante su viaje a Xinjiang, región acusada de genocidio cultural contra los uigures, Douhan solo se reunió con representantes gubernamentales, sin establecer contacto con organizaciones de derechos humanos independientes.
Este comportamiento ha originado serios interrogantes. La organización UN Watch, con sede en Ginebra, una de las pocas que se han atrevido a cuestionar su proceder, denunció la falta de interacción con defensores de derechos humanos y señaló un asunto aún más inquietante: la financiación que Douhan recibe de China. Según UN Watch, Douhan habría recibido financiación para crear una base de datos que no es más que un simple filtro de información ya existente en la ONU.
Solo de China habría recibido $760.000 desde el 2020; esta suma tan alta para los estándares de otros relatores despierta dudas sobre el destino de los fondos. A diferencia de la mayoría de sus colegas, que generalmente operan con el presupuesto regular de la ONU, Douhan recibe financiación adicional de los países que visita, en este caso, China. Estas denuncias plantean un presunto conflicto de intereses, pues ese financiamiento podría estar condicionado a emitir informes favorables.
Douhan afirma que el dinero fue canalizado a través de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sin embargo, observadores independientes destacan la falta de transparencia en el manejo de esos fondos. No existe un sistema de rendición de cuentas claro que obligue a justificar en qué se gastan los recursos. En teoría, podría inflar los costos de proyectos y desviar fondos sin mayor dificultad bajo una apariencia de legalidad.
Otro punto controvertido es el mecanismo de monitoreo que Douhan promueve para evaluar los efectos de las sanciones unilaterales en los derechos humanos; un mecanismo que los críticos consideran diseñado para debilitar la eficacia de las sanciones y suavizar la presión internacional sobre los regímenes autoritarios.
Este escenario refleja la creciente influencia de China en la ONU y cómo el poder económico del gigante asiático está moldeando el discurso global a su favor. La relación entre Douhan y China no es un incidente aislado, sino otra pieza de una estrategia más amplia del Partido Comunista chino. China está utilizando su influencia para legitimarse internacionalmente, apoyándose en figuras clave de la ONU que, intencional o inadvertidamente, se convierten en canales de propaganda.
Alena Douhan es solo uno entre muchos ejemplos. China ha perfeccionado una red global de influencia que incluye la financiación de proyectos académicos, alianzas con medios de comunicación o partidos políticos, y el patrocinio de viajes para personas influyentes. Esta estrategia ha permitido al país controlar el discurso sobre su régimen, silenciar las críticas y proyectar una versión suavizada de su autoritarismo.
La relatora presentó recientemente un informe centrado en la metodología para el seguimiento de las repercusiones de las sanciones unilaterales sobre los derechos humanos, y aunque argumenta que su trabajo se basa en indicadores objetivos, muchos lo ven como una herramienta que podría hacer que las sanciones sean ineficaces. Al centrarse en el impacto humanitario y en la supuesta sobreaplicación de las sanciones, su discurso parece estar suavizando las consecuencias que deberían afrontar estos Estados, reduciendo así la presión internacional.
La pregunta es hasta qué punto la ONU, una institución que debería defender los derechos humanos, está siendo infiltrada y manipulada por Estados como China en pro de sus propios intereses políticos. En un contexto donde la opacidad financiera y la falta de rendición de cuentas se han convertido en la norma, la independencia y credibilidad de la ONU están cada vez más cuestionadas.
Este caso es una advertencia clara de cómo el pulso ideológico y geopolítico de China contra Occidente no se limita al ámbito económico o militar; también se libra en los pasillos de la ONU, donde las estructuras de poder global corren el riesgo de ser manipuladas con dinero e influencia. Las actuaciones de Douhan, sumadas a la complacencia de la ONU ante la opacidad financiera, exponen el riesgo de que el sistema internacional de derechos humanos se convierta en una herramienta más del aparato propagandístico de regímenes autoritarios.
Sería alarmante que la comunidad internacional permaneciese en silencio frente a este potencial conflicto de intereses, mientras Douhan y otros relatores siguen presentando informes que, lejos de denunciar las violaciones de derechos humanos, parecen justificar y normalizar las acciones represivas de los regímenes que investiga, poniendo en juego la legitimidad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Santiago Mondéjar es un consultor sénior y analista de relaciones internacionales y colaborador del proyecto Análisis Sínico en www.cadal.org.
