Mónica García ha sido preguntada en una entrevista en la cadena SER sobre la renovación del sistema Muface, que da cobertura a un millón y medio de funcionarios, y sobre el que existe un desencuentro entre Gobierno y aseguradoras por la escasa financiación que denuncian estas y que les obliga a incurrir en pérdidas por estas condiciones económicas, informa Ep. Sobre esto, la titular de Sanidad se ha mostrado cauta ya que se encuentran en un "proceso de diálogo" para renovar el convenio, si bien ha dicho que Muface "no es ninguna prioridad". "Es verdad que es un subsistema dentro del sistema que es anacrónico y que da unas condiciones que son diferentes del resto de los ciudadanos, que para mi gusto no son mejores", ha dicho. En cualquier caso, García ha asegurado que "no está encima de la mesa" eliminar Muface: "No ha estado nunca encima de la mesa. Ahora bien, tenemos que estudiar la eficiencia del sistema en todo su conjunto". Frente a esto, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), de tendencia ultraizquierdista, ha señalado que la petición de incremento que hacen las aseguradoras de Muface"no está justificada y es claramente excesiva", ya que es de un 24 por ciento, aunque ha remarcado que, "incluso la propuesta de la administración, un aumento al 14 por ciento, también es injustificada y demasiado elevada, favoreciendo de manera desproporcionada a los negocios de las empresas privadas". "En 2024 el aumento de la financiación de la atención sanitaria pública fue del 4,99 por ciento. Por eso entendemos que es necesaria la integración de estas mutualidades en la Sanidad Pública, integración que ya está prevista en la Ley General de Sanidad (1986) sin que haya habido avances al respecto", han señalado en un comunicado. Así, han indicado que las mutualidades de funcionarios (Muface, Mugegu e Isfas) son un "elemento distorsionador en el sistema sanitario público y suponen un factor muy importante de desigualdad y discriminación en el acceso de la población a la atención sanitaria además de una fuente de derivación de fondos públicos hacia el aseguramiento privado", informa Ep."Por todo ello creemos que en primer lugar el aumento de la financiación de las mutualidades de funcionarios no puede ser en ningún caso superior al del sistema sanitario público, y por el otro, debería garantizarse que todas las nuevas incorporaciones a la función pública reciban atención sanitaria en las mismas condiciones que el resto de la población", han indicado.
